En la tarde de ayer, los Defensores de los Espacios Públicos Costeros junto a otros activistas ambientales y simpatizantes se manifestaron en la rotonda de la costanera sur de la ciudad de Corrientes para reclamar por el avance de los negocios inmobiliarios sobre las playas. Florencia Rus, integrante del colectivo, sostuvo: “La responsabilidad que tienen los gobiernos es total. No solo los posibilitan, sino que los toman como parte de su gestión de políticas públicas”.
– ¿Cuál es el reclamo que tienen desde el colectivo?
F: El reclamo que estamos haciendo desde los Defensores de los Espacios Públicos Costeros es que se frenen los negocios inmobiliarios y las aprobaciones para privatizar nuestros espacios públicos. En particular, nos movilizamos en la playa Arazaty porque han avanzado distintos procesos como la aprobación del centro comercial. A fines de 2019, a partir de seis excepciones al Código de Planeamiento Urbano se busca instalar el centro comercial en un área de playa publica al lado del predio de Boca Unidos.
Por otro lado, también hay rellenos ilegales que avanzaron durante la pandemia, sumado a las concesiones a los bares privados que avanzan ocupando y vallando gran parte de la playa pública. Nos movilizamos para que no sea éste el modelo de ciudad que se está construyendo, una ciudad en la que los espacios públicos se construyeron a partir de las inversiones de todos. Se sigue avanzando en ir cercando e ir privatizando espacios que son de todos. Más con los impactos ambientales que esto puede llegar a tener en el futuro con las crecidas del río Paraná.
– ¿En qué estado se encuentra la construcción del centro comercial?
F: La construcción del centro comercial en este momento está frenada en la Justicia por un amparo ambiental que presentamos desde Defensores de los Espacios Públicos Costeros patrocinados por una defensora oficial y acompañados por otras organizaciones. Esto está frenado con un amparo, con el que se han presentado distintos informes, desde el Municipio, desde catastro, desde el Ministerio de Ambiente de Nación. En general, desde el Ministerio de Ambiente se habló de defender la costa, pero por otro lado avanzan los negocios inmobiliarios. Los informes del Municipio y del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) permiten este tipo de emprendimiento. Las abogadas que llevan la causa están conociendo con mayor detalle cómo viene el proceso, pero hay muchísimas limitaciones para frenar este tipo de emprendimiento.
-¿Cómo se encuentran las playas con los diferentes emprendimientos gastronómicos privados?
F: En relación a estos emprendimientos que están apareciendo, creemos que es un avance muy impune sobre el espacio público de todos los correntinos. Además, es un avance en cercar el espacio de la playa publica construida por todos que después para acceder se debe pagar. Esto hace que Corrientes sea una ciudad cada vez más elitista a la que pueden acceder solamente quienes pueden pagar este tipo de emprendimientos de bares que son muy exclusivos.
– ¿Cuál fue la repercusión de la manifestación?
F: En cuanto a la convocatoria de la manifestación tuvo un impacto, por eso nos quisimos reunir un sábado que hay mucha asistencia y cada vez va a haber más asistencia de las personas a la playa pública que es el lugar que la ciudadanía encuentra para recrearse y para poder mitigar las condiciones del calor de nuestras ciudades. Nos movilizamos en la playa con todas las personas del colectivo, nos acompañaron organizaciones como los Guardianes del Iberá con sonido y pasaron audios contando lo que sucedió en la playa. Creemos que esto tuvo un gran impacto en quienes visitaron la costanera esta tarde.
– ¿Qué responsabilidades les cabe a los gobiernos por esta situación?
F: En cuanto a la responsabilidad que tienen los gobiernos sobre esta cuestión creemos que es total, cuestionamos directamente a nuestros funcionarios que son los que posibilitan estos emprendimientos inmobiliarios que son para pocos. Ellos no solo los posibilitan, sino que hasta hacen propaganda y los toman como parte de su gestión de políticas públicas. Estas no son políticas públicas, son avances privados sobre esto que es de todos.
Vamos a seguir recalcando que un centro comercial no es parte de una política pública, no genera desarrollo para todos y menos en una ciudad donde hay un déficit habitacional altísimo. Las personas tienen múltiples problemas por fuera de las cuatro avenidas y nos preguntamos si es un centro comercial en un espacio público lo que estamos necesitando y no que nuestros funcionarios resuelvan otras problemáticas urgentes.
Además, los funcionarios omiten muchísimas de sus funciones públicas como por ejemplo exigir estudios de impacto ambiental, generar espacios de participación ciudadana en los que la gente pueda decir si quiere o no un centro comercial, que pueda decir si quiere este tipo de emprendimientos que están apareciendo en la playa y ni hablar de los rellenos ilegales que están apareciendo. Realmente omiten todas sus funciones y hacen acuerdos con los desarrolladores inmobiliarios a espaldas del pueblo.
