El abogado querellante del Estado, Marco Molero, se explayó sobre cómo avanza la de denuncia por los 250 vehículos estatales que fueron vendidos de manera ilegal.
Molero señaló que la denuncia parte de la actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación de Chaco, Noelia Canteros, quien advirtió que ciertos vehículos habrían salido del patrimonio del Estado por fuera de las vías pre establecidas.
En este punto, explicó en comunicación con la radio Facundo Quiroga que tres vías formales más frecuentes que son el remate público, una más acotada que es la de donación a entes con un fin social, o bien, la compactación (en forma de chatarra). Hizo una comparación con una situación similar hace algunos años y dijo que no descarta que por datos mínimos de reclamo de seguros se haya denotado la secuencia de investigación.
La denuncia original se encuentra en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas N° 6, a cargo de Roberto Villaba. En ella se menciona, por el momento, a dos personas físicas. “No funcionarios, pero sí personal de planta”, indicó el abogado y añadió: “No hay que ser avisado para advertir que la connivencia de terceros de adentro y fuera del Estado es absolutamente factible”.
Lo que se sabe del procedimiento hasta ahora es que hubo utilización de documentación apócrifa, mediante decretos con “las firmas de gobernadores, porque sucedió en más de una gestión”, señaló.
Además, afirmó que “estamos ante la punta del iceberg. Habrá que ver responsabilidad de terceros”. Indicó que es llamativo el volumen del que se está hablando y “no se descarta que haya más”. Las irregularidades se extienden hasta 2015, aproximadamente.
Por último, no descartó que la megacausa pueda dividirse entre el fuero provincial y federal. Comentó que todo lo que implica el daño a bienes oficiales y al incumplimiento de los deberes de funcionario públicos corresponden a la Justicia provincia. Sin embargo, hay al menos una denuncia confirmada por un titular en el Registro del Automotor por documentaciones falsas del vehículo, y todo lo que implique adulteraciones de registros e identificación es de competencia federal.
CAMBIO DEL EQUIPO FISCAL
En declaraciones mediáticas, el procurador general adjunto Miguel Fonteina, expresó que “el procurador general va a establecer que esta causa también se incorpore dentro de las causas que siguen las fiscalías que trabajaron en las otras cuestiones donde hubo funcionarios involucrados”. Es decir que el expediente de esta red delictiva caería en el equipo fiscal especial que encabeza Graciela Griffit Barreto, quien encabezó las investigaciones por las que fueron condenados los ex funcionarios Horacio Rey y Roberto Lugo.
El equipo está conformado por Griffith Barreto junto a Francisco de Obaldía Eyseric, actualmente. Fonteina también agregó que el Ministerio Público Fiscal tiene la facultad de permitir que Villalba siga trabajando en la causa, pero bajo la lupa de este equipo.
“Va a ser una investigación que debe ahondarse en todos los registros, se necesita de los peritos contadores, verificar no solamente las testimoniales sino todas las documentaciones que acrediten de años la preexistencia primero de los vehículos y a partir de ahí hacer este seguimiento sobre cómo se lo sacó del erario público y se produjo tamaño perjuicio a la provincia”, sostuvo el procurador adjunto.
