La crisis que golpea a la cooperativa de trabajo CTC, frigorífico ubicado en Vilelas, llegó a su punto más álgido en enero de este año, cuando los costos energéticos treparon de un monto de entre $35.000 y $40.000 a $350.000 y hasta $400.000, tarifas que ponen en riesgo la continuidad laboral de 170 socios activos y al menos 400 familias que de manera indirecta se nutren de esta empresa. “Nosotros también vivimos del día a día”, comentó el presidente del frigorífico, Agustín Romero, a elDIARIO de la Región, en el marco de un recorrido por el predio ubicado a unos 15 kilómetros de Resistencia.
La recuperada venía de un año complicado. El precio del cuero vacuno, uno de los subproductos considerado “caballito de batalla” para los cooperativistas, venía de una escalada en baja. Hace casi dos años, su valor se fijaba entre los $16 y los $18 el kilo, y actualmente el precio es de $4,50. El combo se completa con la caída en las ventas y suman también lo que debieron afrontar por la matrícula de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). “En ese momento, también nos acompañó el Estado, pero perdimos muchísimo”, recordó Benicia Acosta, secretaria de la cooperativa.
El segundo “caballito de batalla” es la boca de expendio. Y pese a un retroceso en las ventas, reconocen que “es el que está sustentado en este momento nuestro día a día".
La CTC de Vilelas se constituye en un hito para la industria cárnica en la región NEA. Se conformó hace 21 años, tras la quiebra de la cooperativa de Productores de Chaco en 1995, la que se había hecho cargo del establecimiento que hasta la década del 80 fue sucursal de la Corporación Argentina de Productores (CAP).
400 trabajadores fueron despedidos en aquella oportunidad, de los cuales 116, tal como lo recuerdan Romero y Acosta, decidieron continuar en la actividad y aportaron para la explotación de la planta sus subsidios de desempleo. El predio se alquiló durante unos tres años, hasta que finalmente lo adquirieron a través de la compra a la quiebra.
“Este año, la CTC cumple 22 años de haberse conformado en cooperativa de trabajo, por la decisión de esos 116 trabajadores. Hoy somos 170, pero el recambio de socios también es una constante. A veces, consiguen un trabajo mejor y tienen que irse, otros se jubilan, pero siempre el promedio es de 150, 170 socios en el frigorífico, y sus familias, por supuesto".
Ambos reconocen que la empresa está en riesgo, atentos a que se encuentran frente a la imposibilidad de asumir el costo energético en estos porcentajes que, en la actualidad y por deudas previas, trepa a una cifra millonaria. No obstante, Romero sostiene: "No queremos pensar en un cierre, nosotros pensamos que vamos a salir adelante y que podremos sostener los costos”, y añade: “Es una crisis, pero de alguna manera tenemos que salir. Esta es nuestra fuente de trabajo y todas las familias que trabajan acá dependen de esto; somos muchos. Estamos trabajando bien, se faena bien, pero no podemos sostener los costos. Todos sabemos que nuestra planta es muy vieja, que necesitamos tecnología nueva, diversificar nuestros ingresos”, y a eso se abocan por estos días, tras la intervención del Estado chaqueño, al que recurrieron frente a la coyuntura que les toca sortear para mantener la fuente laboral.
LA INTERVENCIÓN DEL
ESTADO PROVINCIAL
La crisis acentuada en la CTC, de la que los propios dirigentes marcan su inicio con el cambio de Gobierno, empezó a tomar estado público a fines del año pasado, cuando recurrieron al bloque legislativo del Frente Grande, un sector político que estuvo vinculado a otras gestiones del frigorífico años atrás. Las reuniones en ese sentido continuaron en los primeros meses de 2017, donde la imposibilidad de asumir los costos se hizo palpable para los cooperativistas del frigorífico.
El 8 de mayo, los trabajadores fueron recibidos en la Casa de Gobierno, en un encuentro que fue encabezado por el gobernador, Domingo Peppo, y el intendente de Vilelas, Marcelo González. Ese día, se conformó una mesa de trabajo a partir de la participación de representantes de las distintas áreas del Estado implicadas en esta crisis. Y en las jornadas posteriores, técnicos de cada una de ellas iniciaron un trabajo in situ para determinar en un estudio pormenorizado el estado real del frigorífico.
De esa primera reunión participaron, por Secheep, empresa estatal que distribuye la energía eléctrica en Chaco, su presidente, José Tayara. Y también lo hicieron el ministro de Industria, Gustavo Ferrer; el subsecretario de esa cartera, Basilio Nycolyn; el subsecretario de Ganadería de la cartera productiva, Rodolfo Casaccia; el titular de la empresa estatal Sameep por el servicio de agua potable, Claudio Westtein; y el director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Remigio Colcombet.
PLAN DE
CONTINGENCIA
En el marco del recorrido de este matutino por la planta, también tomó contacto con el subsecretario de Ganadería, Casaccia, quien refirió al “plan de contingencia” para la cooperativa. Precisó que el primer paso, frente a “la inquietud” formulada por el Consejo Directivo del frigorífico, “es hacer una evaluación puntual de la planta y ver cuáles son los inconvenientes, y en función de eso buscar una solución en materia de operatividad”. En simultáneo, analizan “situaciones coyunturales”, como el “suministro de energía eléctrica y los altos costos que esto representa, que va a tener un tratamiento especial”.
Informó que este primer informe evaluativo será elevado al Ejecutivo en 10 días y a partir de ahí se trabajará en un plan integral, cuyo plazo para ejecución es de 90 días, que apuntan a la optimización de la planta. El objetivo, tal como refirió el funcionario, “es encontrar los canales o las salidas para afianzar la industria por un lado y, por otro, conservar las fuentes de trabajo de la CTC, que es una cooperativa de trabajo que para Vilelas es de capital importancia”, reforzó.
Reconoció que las facturas de luz actuaron como “detonante” de la crisis y apuntó a la quieta de subsidios en el orden nacional, lo que genera aumentos que “no podemos absorber como provincia”.
“Los aumentos que usted acaba de mencionar son precisamente el reflejo de lo que está impactando seriamente en la industria chaqueña y la mayoría de las provincias del país están pasando exactamente por lo mismo y están comprometiendo muy seriamente al sector productivo e industrial”, sostuvo Casaccia y amplió: “Hoy, hablamos de un frigorífico que tiene 170 trabajadores, que detrás tienen tantas familias y que se ve altamente comprometido por esta cuestión que viene de Nación, una política que hoy se está imponiendo y que compromete muy seriamente al sector productivo e industrial de todo el norte argentino”.
En este escenario, validó los reclamos que como región NEA se viene planteando a nivel nacional por parte de los Estados pero también de los sectores industriales y productivos, movilizados en ese sentido por constituirse en jurisdicciones electrodependientes que tampoco cuentan con gas natural como alternativa para bajar sus costos.
“Estamos frente a un amplio sector primario afectado, al que hay que asegurarles el funcionamiento, porque de lo contrario va a contribuir a un empobrecimiento y un caos social solapado”, concluyó el funcionario.
