A nueve años del violento ataque a la redacción de Tiempo Argentino, ocurrido el 4 de julio de 2016, el hecho sigue impune. Aquel día, una patota ingresó de forma violenta al edificio, con la complicidad policial, en un intento de desalojo impulsado por el empresario Mariano Martínez Rojas, quien actualmente goza de libertad condicional por otras causas. El entonces presidente Mauricio Macri se refirió a las y los trabajadores como “usurpadores”, horas después del hecho.
La agresión ocurrió en medio del vaciamiento del medio por parte de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, responsables del Grupo 23. Frente a ese abandono, las y los trabajadores organizaron una cooperativa y lograron recuperar el diario, que desde entonces se sostiene de forma autogestiva.
Pese a las pruebas y denuncias presentadas, la causa judicial se encuentra estancada. El Poder Judicial no avanzó en la investigación, lo que refuerza las sospechas de complicidad con sectores de poder económico y político.
El caso de Tiempo Argentino se inscribe en una serie de ataques a la libertad de prensa que, según denuncian organizaciones periodísticas y sociales, se intensificaron con el actual gobierno de Javier Milei. Desde su asunción, el Estado libertario desplegó una política de hostigamiento, censura e intimidación hacia medios críticos e independientes, incluyendo denuncias judiciales, recortes presupuestarios y agresiones discursivas desde el poder.
El aniversario del ataque reabre el debate sobre la protección del periodismo y el derecho a la información en la Argentina, en un contexto donde se multiplican los intentos por acallar voces disidentes y socavar la libertad de expresión.
