El represor Gabino Manader, procesado en la causa Caballero II por crímenes de lesa humanidad y condenado a 25 años de prisión por torturas en un juicio anterior, será sometido a una junta médica para constatar si su condición de salud justifica el beneficio de prisión domiciliaria. La medida había sido concedida a fines de 2016 por el juez Juan Manuel Iglesias, en una polémica decisión que generó el repudio de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. La orden de examinar al genocida, que trascendió ayer, es de comienzos de abril y lleva la firma del presidente del Tribunal Federal de Resistencia, Eduardo Belforte.
“Practíquese con carácter de urgente una junta médica a Gabino Manader, compuesta por dos médicos de especialistas en cardiología del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza el documento, con el objetivo de que los profesionales se expidan sobre los siguientes puntos: estado de salud del nombrado, si es posible tratar sus patologías en la unidad de detención U7 y si ello implicaría un agravamiento en condición.
Consultado por elDIARIO de la Región, el abogado Paulo Pereyra, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, consideró que la medida implica “un avance en el trámite de revisar la domiciliaria a Manader”.
Sucede que el de Manader es un caso emblemático de la represión organizada en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar, y el dictamen sobre el que se fundamentó el magistrado fue un informe de personal policial médico de la prisión U7, que desconoció un informe de peritos de la Corte Suprema en el que se manifestó que la prisión efectiva no implicaba un riesgo en la salud del represor.
