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Organismos de DD. HH. coordinan una salida pacífica al conflicto en el expredio del Ejército

 

“Debemos reconocer que es necesario un plan de vivienda, y por una cuestión lógica no es nuestra intención fomentar las ocupaciones, sino habilitar el derecho humano de todas las familias a contar con un techo digno”, señaló el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Aníbal Ponti, a este medio.

 

 

Ayer por la mañana, una comitiva de la agrupación de Ex Detenidos Políticos, encabezada por Aníbal Ponti, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, junto con la subsecretaria de Memoria, Verdad y Justicia, Gladys Soto, de la Secretaría de DD. HH. de la provincia, mantuvo una reunión con el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, para coordinar una respuesta a las familias que se instalaron en los terrenos del predio de Ejército y avanzar en una solución pacífica al conflicto.

Según pudo saber elDIARIO de la Región, esta noche en la Casa por la Memoria se espera la realización de una reunión con delegados de varios de los grupos participantes, de cara a un futuro encuentro acuerdo de todas las partes involucradas.

Ponti declaró a este medio: “El gobernador electo nos planteó su intención de realizar un censo para avanzar en la organización de esta situación”. “Asimismo, debemos reconocer que es necesario un plan de vivienda, y por una cuestión lógica no es nuestra intención fomentar las ocupaciones, sino habilitar el derecho humano de todas las familias a contar con un techo digno. Ese predio es inhabitable y por las características del terreno es inundable” afirmó.

Además, agregó: “La salida del predio debe ser voluntaria, y la clave es contar con la infraestructura y la coordinación entre Municipalidad, Secretaría de DD. HH. y habilitar ante la autoridad judicial que se posponga el desalojo para que se haga efectivo de un modo pacífico. Los organismos de DD. HH. asumimos el compromiso de garantizar este acuerdo ante la Justicia y las familias de los 12 grupos instalados”.

VIVIENDA DIGNA

La última novedad en este caso ocurrió el viernes, cuando luego de la intervención del defensor Gonzalo Molina, del Ministerio Público Federal, con un escrito en el que se peticionó al Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia que se suspenda cualquier tipo de accionar en el lugar.

Tal como informó el portal Chaco Día por Día, Molina solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger que “arbitre la constitución de una mesa de trabajo con los habitantes del predio y las autoridades de competencia estatales para brindar una solución habitacional a estos grupos vulnerados, resulta necesaria una respuesta estatal no coaccionante que resuelva las necesidades de estas personas”. En su presentación, el defensor oficial federal de Resistencia se basó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para destacar que la solución al conflicto “no atañe al Derecho Penal, siendo que surge de la necesidad de la gente de habitar una vivienda digna en la cual se logre el desarrollo del grupo familiar, y que, ante el incumplimiento del Estado, surgen estos hechos, a los cuales no corresponde adjudicar responsabilidad penal alguna”.

Días antes a esta presentación desde el Comité de prevención contra la Tortura también se había manifestado al respecto en idéntico sentido. La toma se tuvo lugar el domingo 22 de septiembre cuando unas 60 familias realizaron una toma en los terrenos situados entre las arterias Arribálzaga y España que antes pertenecieron al Ejército Argentino, pero fueron cedidos al estado provincial. Con el correr de los días, la cantidad de gente se fue incrementando, con el común denominador de necesidades básicas insatisfechas agravadas ante el duro panorama socio económico que padece el país.

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