La Fundación Internacional de Derechos Humanos solicitó a autoridades internacionales el arresto del presidente de Colombia, Iván Duque, luego de que este ordenara la militarización en gran parte del país. Además de Duque, exigieron la detención de otros altos funcionarios de la cúpula policial.
“Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle. Este despliegue, con más de 7.000 hombres, se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dictó el mandatario el viernes por la noche en una conferencia en Cali, epicentro de los hechos de violencia.
Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio caleño de La Luna, donde murieron tres personas Un empleado de la Fiscalía General de la Nación identificado como Freddy Bermúdez Ortíz disparó a un grupo de manifestantes que participaban de un bloqueo y mató a dos.
Tras esos hechos, el funcionario judicial «terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector”, de acuerdo a lo que explicó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en conferencia de prensa. El presidente no ha hecho referencia a ninguna de estas víctimas en su discurso.
De acuerdo a la ONG Temblores y la Fundación para la Libertad de Prensa, hasta el 27 del corriente se registraron 16 asesinatos cometidos por agentes de la autoridad (además de otros 27 casos que todavía se encuentran en proceso de verificación), 3.405 casos de violencia policial (uso excesivo de la fuerza), 1.445 arrestos arbitrarios, 648 intervenciones tácticas violentas por parte de la Fuerza Pública, 47 personas que presentan lesión ocular grave, 175 casos de víctimas que presentan heridas por arma de fuego disparadas por agentes de la Policía, 22 casos de violencia sexual, 179 casos de agresiones contra periodistas. Además, 346 personas están desaparecidas, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
En consecuencia, la Fundación denunció el uso de armas de guerra contra manifestantes pacífico, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, denegación de asistencia letrada a personas detenidas, violencia sexual, uso de personal civil armado (paramilitares), denegación de Habeas Corpus, violación del secreto de las comunicaciones sin control judicial, asalto a domicilios particulares sin mandato judicial, incriminación fraudulenta (montajes policiales), arrestos arbitrarios, censura informativa en grandes medios prensa nacional y redes sociales, asesinato selectivo de líderes sociales, no colaboración con organismos internacionales de Derechos Humanos y hostigamiento a defensoras y defensores de Derechos Humanos, ataques a la libertad de Prensa; elaboración de bases de datos secretas con información ideológica sobre la ciudadanía, generación de noticias falsas, compra de bots y usuarios falsos para intoxicar la información en las redes sociales, amenazas de muerte, despidos laborales de activistas sociales, infiltración ilegítima de organizaciones políticas pacíficas, criminalización y deshumanización del adversario y del derecho de protesta pacífica.
EL CONFLICTO
Desde el 28 de abril se iniciaron los actos de protesta social en torno al “Paro Nacional”, convocado ante el intento de aprobar una serie de reformas políticas (tributaria, salud, pensiones, etc.) muy lesivas para las familias trabajadoras de condición social más humilde de Colombia.
Actualmente, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro están estancadas, el preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no se oficializó. Mientras el comité del paro exige garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente Duque sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. En la mayoría del país hubo marchas pacíficas al cumplir un mes del inicio del paro nacional.
