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Otorgaron la domiciliaria a los Policías del ataque en Fontana

La medida adoptada por la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de Sergio Olivera, surge de la posibilidad de contagio de COVID-19 y la revisión hecha por el médico forense. “El lugar donde está detenido uno de los imputados hay personal policial aislado”, argumentaron desde el órgano judicial. No obstante, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, sentenciaron: “Disentimos con la decisión judicial. Vamos a apelarla”, advirtió Nayla.

El fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera y la fiscal Lilian Irala, subrogante de la fiscalía especial penal de Derechos Humanos de Chaco, dictaron la prisión domiciliaria a Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez, los policías acusados de vejaciones y allanamiento ilegal en un domicilio del barrio Banderas Argentinas.

La medida se dicta tras el pedido del abogado defensor de los policías, Justo Mencia, anticipó a un medio local la medida que surge a partir de los riesgos que implica la posibilidad de contagio de COVID-19 y la revisión hecha por el médico forense. Una fuente cercana al caso explicó a Página /12 que en el lugar donde está detenido uno de los imputados hay personal policial aislado. El forense indicó que uno de ellos es factor de riesgo, y los demás están en la Unidad de Bomberos, donde ya hubo antecedentes de coronavirus. No es algo que hubieran deseado hacer, dejan trascender, pero en la Fiscalía entendieron que en esta situación correspondía morigerar la detención concediendo la domiciliaria.

Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, aseguraron a elDIARIO de la Región que la medida será apelada. “Vamos a apelar porque entendemos que existen todas las medidas de bioseguridad en los lugares de detención. De los cuatro, sólo en uno está probado que sea asmático, y eso sólo eso no es motivo para que le den la domiciliaria a los cuatro imputados. Deben evaluar el delito y el riesgo que corren las víctimas con esta medida. Está probado que uno de ellos padece asma, pero de los otros”. Además, no entendemos porqué corren menor riesgo en sus casas que en los lugares de detención, donde están dadas todas las medidas de seguridad.

Por otro lado, Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, aseguró: «Disentimos con la decisión judicial. Vamos a apelarla. Quienes ejercen violencia, como estos cuatro policías, desprestigian nuestras instituciones, es por eso que desde el Poder Ejecutivo reiteramos nuestro compromiso para que estas prácticas sean desterradas de las fuerzas de seguridad y para que haya justicia para las familias».

Cabe recordar que los policías acusados aparecen filmados por una de las víctimas, ingresando a las patadas a la vivienda de la familia de la comunidad qom Fernández-Saravia; operativo que terminó con el arresto ilegal a cuatro jóvenes, entre ellos una menor de edad, de la que abusaron. En la comisaria, a los jóvenes les dieron una paliza, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego al tiempo que les decían «indios infectados».

Las grabaciones tuvieron repudio a nivel nacional, tanto que el presidente, Alberto Fernández, sentenció que “las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en Chaco son inaceptables».

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