El Ejecutivo Nacional ha lanzado un nuevo ataque contra la producción y la industria del país, arrogándose facultades del Congreso a través de un polémico decreto. Esta medida no solo anula la esencia de la Ley Nacional de Agricultura Familiar, sino que también amenaza el futuro de instituciones históricas y fundamentales para el desarrollo productivo argentino.
El decreto, cuya legalidad es cuestionada por expertos, deroga de facto la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, vaciándola de sentido y eliminando herramientas vitales para el desarrollo, la producción de alimentos y el arraigo en las zonas rurales. Se suprimieron capítulos esenciales que abordaban integralmente la vida y el trabajo de los sistemas productivos y las familias de agricultores. Entre las eliminaciones más destacadas se encuentran el Banco de Tierras, los procesos de regularización dominial, los apoyos a la semilla, la tecnología y la infraestructura comunitaria y predial. También se vieron afectados los sistemas de comercialización y, de manera crucial, el apoyo sustancial al trabajo de las mujeres rurales.
El ataque más directo se dirige al INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), una institución señera con más de 30 años de trabajo territorial. Tras los 800 despidos masivos en todo el país, que fueron la antesala de esta medida, el decreto busca darle el «tiro de gracia» al INAFCI, cerrando sus delegaciones y abandonando por completo la atención a los agricultores familiares. Organizaciones y federaciones vinculadas al sector han expresado su profundo rechazo, calificando los despidos como una estrategia para allanar el camino a la aniquilación de políticas públicas que ahora pretenden legalizar.
Este decreto, que intenta modificar una ley de la Nación mediante una vía que la jerarquía del derecho considera ilegal, se enmarca en una estrategia de desguace de instituciones consolidadas que han sido y son pilares para el sector productivo. Entre las afectadas se encuentran el INASE (Instituto Nacional de Semillas), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Estas instituciones enfrentan la eliminación, la pérdida de autarquía, la reducción de funciones y el achicamiento de sus estructuras, lo que abre la puerta a miles de nuevos despidos de trabajadores estatales.
El sector productivo ha manifestado su rotundo rechazo a este decreto, tildándolo de «inconstitucional» y vinculándolo directamente con la «corrupta Ley de Bases». Se repudia el accionar de los legisladores que votaron favorablemente dicha ley, considerándolos responsables de la eliminación y el vaciamiento de políticas públicas esenciales para el sector.
Ante esta situación, se hace un llamado a la unidad de los trabajadores, productores y el empresariado con compromiso nacional y desarrollo territorial para «dar por tierra» con este decreto, que, según afirman, «agranda los cementerios» de la producción y el empleo en Argentina.
