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Pacce Alvarado: la Fiscalía remitió el pedido de elevación a juicio oral a la Cámara Tercera

El fiscal Sergio Cáceres Olivera elevó el expediente de denuncia por abuso sexual en la infancia en que se le imputa Noemí Alvarado a la Cámara Tercera de Resistencia. De este modo, concluidas las apelaciones de la defensa, la elevación quedó firme y ya sólo resta fijar la fecha de realización del juicio oral de la causa.

En la mañana de este viernes trascendió que el pasado jueves 30 el fiscal Sergio Cáceres Olivera remitió los expedientes de la causa por denuncia de abuso sexual en la infancia a Noemí Alvarado y Daniel Pacce, presentadas por Belén Duet y Rosalía Alvarado (sobrina de la acusada).

De este modo, concluidas las apelaciones de la defensa, la elevación quedó firme y ya sólo resta fijar la fecha de realización del juicio oral de la causa por abuso más longeva del país, caracterizada por una serie de retrasos que extendieron el proceso desde la denuncia en 2016 a la fecha.

Además se efectuó un cambio en la caratula, en la cual se remplazaron los nombres de las denunciantes por la leyenda «Alvarado, Noemí Lucía S/ Partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora». Cabe remarcar que Noemí Alvarado es la única imputada superviviente ya que su esposo y el ex diputado nacional Pacce falleció en 2018, sin haber sido citado a declarar como resultado del retraso judicial que afectó a la causa desde sus inicios.

Una vez que el expediente quede radicado en la Cámara Tercera lo siguiente será el llamado a juicio oral. Fuentes allegadas a la causa manifestaron que se descuenta que esta convocatoria será en 2021.

PALABRA DE SOBREVIVIENTE

Consultada al respecto elDIARIO de la Región la denunciante Rosalía Alvarado afirmó: “Nuestro reclamo es por la Justicia y terminar con la impunidad, tal como venimos reclamando desde que empezamos con esto, con esfuerzo y mucho dolor. Necesitamos que la Justicia actúe y que se terminen los retrasos”.  Además, remarcó el reconocimiento a todas las personas y organizaciones sociales, de DDHH y de género que acompañan el reclamo: “Todo esto es el resultado de un esfuerzo solidario y colectivo, esperamos que aporte a que la Justicia actúe con celeridad en la prevención y reparación de toda víctima de ASI” indicó.

Por su parte, María Belén Duet, también querellante y sobreviviente señaló; “Los tiempos de la Justicia son muy largos, el tiempo forma parte del concepto de hacer justicia, las dilaciones son muchas, este es un paso importante, pero no implica que las cosas se hagan con la celeridad que las sobrevivientes necesitamos, desde antes incluso a la presentación de la denuncia. Y además hay una situación concreta que tiene que ver con el paso del tiempo y la edad de la imputada. No queremos que suceda lo mismo que ocurrió con Pacce”.Asimismo, precisó: “Temo que estos pequeños pasos no impliquen una suerte de “embellecimiento” de la Justicia, porque lo cierto es que la causa se retrasa, se trata de pases de papeles que ya venían de antes de la pandemia. Necesitamos el juicio, ya, que se ponga una fecha. No se puede seguir extendiendo porque eso no es justicia, es impunidad.

ASI/ ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA

El matrimonio Daniel Pacce Noemí Alvarado fueron denunciados por abuso sexual por Rosalía Alvarado y María Belén Duet el 15 de junio de 2016. Ambas relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de los ochenta, cuando eran niñas de corta edad. Rosalía era sobrina del matrimonio, María Belén, integraba una familia allegada a los Pacce. Del requerimiento fiscal surge la comisión de sendos abusos contra Duet y Alvarado a principios entre fines de los setenta y principios de los ochenta, ocurridos en el domicilio de Cervantes 238, por parte del matrimonio. Noemí Alvarado ingresaba a las menores al dormitorio utilizando al efecto distintos artilugios, como por ejemplo películas como infantiles, y allí se perpetraban los ataques. Pacce fallecido en julio de 2018, fue funcionario durante la Gobernación de Florencio Tenev y diputado nacional por el justicialismo entre 1987-1991, Noemí Alvarado formó parte del Directorio del Instituto de Vivienda. Tenían una vida social muy activa y era habitual que su domicilio hubiese muchos niños, hijos de amigos y allegados.

RETRASOS JUDICIALES

Los años transcurridos desde la denuncia original en 2016 se  corresponden con los varios intentos de obturar la investigación antes siquiera de llegar a juicio; un ensayo de archivo de la causa por supuesta prescripción ( en franca transgresión a la ley N° 27206 de respeto a los tiempos de las víctimas, cuando se trata de delitos tan complejos como el abuso sexual en la infancia), varias medidas dilatorias para retrasar y extender las instancias intermedias e inclusive una recusación (fallida) al fiscal Cáceres, a raíz del empuje que este le diera a la instrucción.

En esa trama de una amplia gama de recursos y una sólida red de contactos se inscribe la asunción de la nueva defensa de Alvarado de Pacce, a cargo de la exjueza Lidia Lezcano de Urturi y del abogado Ricardo Urturi, actual presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía de la provincia del Chaco.

La defensora Lidia Lezcano de Urturi fue la magistrada del primer juicio por violencia de género contra el empresario Raúl Sebastiani, quien fue hallado culpable de privación ilegitima de libertad, las lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género y la tenencia de armas de fuego sin certificar. No obstante, Urturi condenó a Sebastiani a tan sólo 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo, con el subsiguiente repudio de la familia de la víctima, organizaciones sociales y buena parte de la opinión pública. Todo esto ameritó la realización de un segundo juicio, en el cual finalmente un nuevo tribunal integrado por los magistrados Víctor del Río, Ernesto Azcona y Gloria Zalazar sentenció al acusado a cinco años de prisión.

NO PRESCRIBRE

Siendo el Abuso Sexual contra la Infancia (ASI) un delito de instancia pública y por el cual el Estado debe accionar de oficio, desde las organizaciones que nuclean a víctimas y sobrevivientes, así como referentes del tema alertan sobre la tasa de subregistro por un lado (es decir, la mayoría de los ataques no son denunciados), y por otro, los retrasos y e inacción por parte del Poder Judicial. Se calcula que en nuestro país se esclarecen entre el 1% y el 2% de los delitos que se denuncian, no de los que se comenten. Si se tiene en cuenta que en el caso de abuso sexual infantil sólo se denuncia menos del 10%, de cada 1000 abusos, se esclarece uno; por tanto 999 quedan impunes. En muchos de los casos suele suceder lo que se denomina “descubrimiento tardío” o bien lisa y llanamente un retraso en la posibilidad de expresar lo ocurrido, razón por la cual estos ilícitos raras veces son denunciados en forma inmediata. Todo esto motivó la reforma del régimen penal con Ley N° 27206, del “respeto a los tiempos de las víctimas”, que canceló la prescripción del abuso sexual en la infancia para poder presentar una denuncia formal.

 

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