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Pacce Alvarado: se presentó el requerimiento de elevación a juicio

El fiscal Sergio Cáceres Olivera presentó la solicitud formal ante la Cámara Tercera en lo Criminal para avanzar en la realización del juicio oral en la causa por denuncias de abuso sexual contra la infancia contra Noemí Alvarado, para quien dispuso un agravamiento en la acusación.

Pasaron más de tres años desde la presentación de la denuncia formal, y en ese lapso una serie de medidas dilatorias que implicaron el retraso del proceso y aún la posibilidad de archivo de la causa, e incluso el fallecimiento de uno de los acusados, pero finalmente la denuncia contra Daniel Pacce y Noemí Alvarado por abuso sexual contra la infancia ingresó en su etapa definitoria luego de la presentación del requerimiento de elevación a juicio oral por parte del fiscal Sergio Cáceres Olivera ante la Cámara Tercera en lo Criminal.

De este modo se da por concluida la fase de investigación y la elevación a etapa de juicio oral sería inminente. Tan solo resta que se cumpla el plazo de tres días desde este lunes 28 y que no medie una objeción formal por parte de la defensa, a cargo de la ex jueza Lidia Lezcano de Urturi y de Ricardo Urturi, (actual presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional de la Policía de Chaco).

En el requerimiento en cuestión, de casi 80 páginas y al que tuvo acceso elDIARIO de la Región, se enumeran las pruebas, y los fundamentos jurídicos que avalan el pedido de elevación y en el cual se destaca un agravamiento en la caratula de la acusación contra Alvarado. Es así como pasó de estar imputada como “partícipe necesaria de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora en concurso real”, a figurar como acusada del delito de “corrupción de menores en calidad de autora”, con una pena de hasta 20 años de prisión.

“UN PASO IMPORTANTE”

En contacto con este matutino, Rosalía Alvarado compartió su expectativa por el posible inicio del juicio, luego de años de tener que lidiar primero con  la angustia y el manto de silencio que envuelve a este tipo de crímenes y una vez ganada la confianza necesaria, contra los obstáculos jurídicos ( hasta 2015 para la ley vigente el delito se encontraba prescripto) y luego con la “burocracia judicial” y presiones de distinta índole para “archivar” las actuaciones:  “Es un paso muy importante, que se consiguió con lucha y rodeadas de amor y acompañamiento por organizaciones sociales y referentes. Esto nos da paz, y esperamos que se avance en lo que desde siempre hemos exigido tanto María Belén como yo; ser escuchadas y que hable la Justicia”.

DEPREDADORES

Daniel Pacce y Noemí Alvarado fueron denunciados por abuso sexual por Rosalía Alvarado y María Belén Duet el 15 de junio de 2016. Las sobrevivientes relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de los ochenta, cuando eran niñas de corta edad. Rosalía era sobrina del matrimonio, María Belén, integraba una familia allegada a los Pacce.

Del requerimiento fiscal surge la comisión de sendos abusos contra Duet y Alvarado a principios entre fines de los setenta y principios de los ochenta, ocurridos en el domicilio de Cervantes No 238, por parte del matrimonio. Noemí Alvarado ingresaba a las menores al dormitorio utilizando al efecto distintos artilugios, como por ejemplo películas como infantiles, y allí se perpetraban los ataques. Pacce fallecido en julio de 2018, fue funcionario durante la Gobernación de Florencio Tenev y diputado nacional por el justicialismo entre 1987-1991, Noemí Alvarado formó parte del Directorio del Instituto de Vivienda. Tenían una vida social muy activa y era habitual que su domicilio hubiese muchos niños, hijos de amigos y allegados.

NO PRESCRIBE

Cabe remarcar que siendo el Abuso Sexual contra la Infancia (ASI) un delito de instancia pública y por el cual el Estado debe accionar de oficio, desde las organizaciones que nuclean a víctimas y sobrevivientes, así como referentes del tema alertan sobre la tasa de subregistro por un lado (es decir, la mayoría de los ataques no son denunciados), y por otro, los retrasos y e inacción por parte del Poder Judicial. Se calcula que en nuestro país se esclarecen entre el 1% y el 2% de los delitos que se denuncian, no de los que se comenten. Si se tiene en cuenta que en el caso de abuso sexual infantil sólo se denuncia menos del 10%, de cada 1000 abusos, se esclarece uno; por tanto 999 quedan impunes. En muchos de los casos suele suceder lo que se denomina “descubrimiento tardío” o bien lisa y llanamente un retraso en la posibilidad de expresar lo ocurrido, razón por la cual estos ilícitos raras veces son denunciados en forma inmediata. Todo esto motivó la reforma del régimen penal con Ley N° 27206, del “respeto a los tiempos de las víctimas”, que canceló la prescripción del abuso sexual en la infancia para poder presentar una denuncia formal.

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