Luego de que la Subsecretaría de Transporte remitiera a la Defensoría del Pueblo el nuevo estudio de costos para la audiencia del 9 de noviembre, los técnicos del instituto lo analizaron y comprobaron que no se cumplió con lo convenido, incurriendo en las mismas faltas por las que fueron atacadas judicialmente (con fallos a favor) las audiencias de febrero y de agosto.
“Era necesario darle un marco regulatorio a la metodología estudios de costos, para darle certezas sobre los aumentos a usuarios y empresas. Nos pusimos de acuerdo y firmamos un acta con Transporte, bajo la mediación del juez Flores, pero la Subsecretaría de Transporte decidió no cumplir con lo establecido”, dijo el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.
En la ocasión de la conciliación se había determinado una metodología de estudio de costos basada en la Resolución 37/2013 Anexo I del Ministerio de Transporte de la Nación y adaptada a la Ley de Transporte Provincial N° 8-T (antes Ley N° 95).
En ese sentido, Corregido señaló que “no criticamos que no cumplieron con un punto del acuerdo, sino que no cumplieron con nada del acuerdo”.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo planteó que el informe no adapta el cálculo de empresa tipo ni la cantidad de personal de conducción, tráfico, administración, mantenimiento y vigilancia a la coyuntura local, mientras que tampoco se cumplen con las pautas establecidas en el artículo 27 de la Ley Provincial 8-T.
Por lo tanto, se solicitó a la Justicia que intime a Transporte a adecuar el informe de costos conforme al acta celebrada el 11 de octubre con el fin de evitar nuevas nulidades.
CONCILIACIÓN
Cabe recordar que, tras una cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo atacando la audiencia del 24 de agosto, el juez Civil y Comercial N° 21, Julián Benito Flores, convocó a las partes a una audiencia de conciliación. En la ocasión, la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Transporte de la provincia convinieron una metodología de costos de cara a la audiencia del próximo 9 de noviembre, la cual estaría basada en la Resolución 37/2013 Anexo I del Ministerio de Transporte de la Nación y adaptada a la Ley de Transporte Provincial N° 8-T (antes Ley N° 95).
