En un contexto político marcado por tensiones y conflictos, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) ha anunciado un plan de lucha en el que pretende combatir las medidas gubernamentales tanto en el ámbito parlamentario como en las movilizaciones ciudadanas.
Los cinco diputados que conforman el FIT-U -Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y la reciente incorporación de Christian Castillo- se disponen a rechazar la denominada «ley ómnibus» en el Parlamento, a la que catalogan como anticonstitucional, y frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía, con el objetivo de impedir la consolidación de lo que denuncian como una «autocracia» en el país.
Christian Castillo, uno de los legisladores del FIT-U, expresó: «Vamos a expresar el rechazo a la ley ómnibus en su totalidad que establece un cuasi Estado de sitio. Y en lo que hace al DNU queremos plantear que se constituya la bicameral y sesione el 23 de enero para rechazarlo e impedir que se consolide una autocracia en nuestra país».
Desde el FIT-U sostienen que el Gobierno no logrará reunir el respaldo necesario para aprobar el paquete de reformas de la ley ómnibus, argumentando que carece de apoyo suficiente.
«Nunca se ha hecho una modificación de 300 leyes. No hay ninguna necesidad y urgencia. Tenemos que derrotar el plan del Gobierno», coinciden en el FIT-U.
En el Congreso, ya se ha vivido un primer episodio de tensión, con acusaciones de arbitrariedad e irregularidades en las designaciones de las presidencias de las comisiones. Los legisladores del FIT-U denunciaron que, a pesar de contar con cinco diputados, solo se les asignó un lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aseguran que esta decisión es injusta, especialmente comparada con la asignación de presidencias a bloques más pequeños, a los que consideran afines al Gobierno. Ante esta situación, prometen analizar qué recursos pueden presentar para impugnar las designaciones.
Además de la lucha parlamentaria, el FIT-U confía en la importancia de la movilización popular para enfrentar las medidas de ajuste, la ley ómnibus, el DNU y los despidos en curso. Miran con atención el paro nacional convocado por la CGT para el 24 de enero, esperando que demuestre la fuerza popular y canalice el descontento con el Gobierno.
No obstante, expresan desconfianza hacia las centrales obreras convocantes, temiendo que adopten posturas más conciliadoras con el Gobierno y, eventualmente, retrocedan en la convocatoria del paro nacional. Como muestra de independencia, el FIT-U anuncia que marchará de forma autónoma, distanciándose de lo que califican como «burocracia sindical».
El dirigente Gabriel Solano, a través de sus redes sociales, subraya: «El 24 de enero vamos a quebrar el protocolo de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich. Se intenta establecer un régimen muchísimo más autoritario con más represión y policías en las calles impidiendo que la gente pueda movilizar».
Para organizar las acciones, el Frente de Lucha Piquetero extendió una carta al Plenario del Sindicalismo Combativo, convocando a un plenario el 20 de enero junto a otras organizaciones políticas, sindicales y piqueteras.
La izquierda también anuncia su respaldo a protestas como asambleas en puestos de trabajo, cacerolazos y distintas manifestaciones, calificando este verano como un periodo «de lucha».
En paralelo, ante los despidos en la ciudad de Buenos Aires, el FIT-U presentó un proyecto para declarar la emergencia laboral para el personal de la administración pública en el distrito. Buscan el apoyo del peronismo porteño en esta iniciativa, proponiendo dejar sin efecto los despidos ocurridos en diciembre y enero, impedir nuevos despidos por 24 meses y pasar a planta permanente a todos los trabajadores de la administración pública en la CABA.
La legisladora porteña Celeste Fierro recalca: «Estamos solicitando y exigiendo que se convoque a sesiones extraordinarias porque están de vacaciones en la legislatura. Todavía no tuvimos una sola sesión desde que asumí el 10 de diciembre».
