Representantes de los pueblos originarios se reunieron hoy con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de Chaco para expresar su preocupación con respecto al decreto Nº 2.157/22 firmado por el gobernador Capitanich que aprobaría la nueva zonificación de la Ley de Bosques.
Señalaron que las consultas fueron desprolijas, apresuradas e incomprensibles. «En dos horas no se puede hacer una consulta», afirmó Ariel Fabian presidente de la Asociación Comunitaria Chaguar de El Sauzalito.
Durante los encuentros comentaron que no se contó con la presencia de un intérprete: «Este no es el proceso que se debería hacer con las comunidades». Recordaron que la consulta libre, previa e informada es un derecho garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Lo poco que nos queda tiene que ver con el bosque, dependemos del monte para comer, para curarnos, para nuestra espiritualidad», expresó Leckott Zamora. «Muy pocas comunidades cuentan con el título comunitario de sus tierras», subrayó y agregó: «Nos preocupa el futuro de las próximas generaciones» y el cumplimiento de la ley Nº 26.160 y el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Por su parte la diputada Andrea Charole pidió que el decreto sea tratado por la Comisión de Pueblos Indígenas que preside. En la audiencia los asistentes recordaron que en el 2004 una anterior Ley de Bosques (la Nº 2.386) fue declarada inconstitucional por falta de consulta a los pueblos indígenas.
Los referentes de las comunidades participantes además reclamaron la renuncia de la Ministra de Ambiente, Marta Soneira, que estuvo a cargo de las consultas en el proceso de actualización.
Por su parte el diputado Juan José Bergia presentó en cámara de diputados de la provincia de Chaco un proyecto alternativo de ley, donde plantea la creación del programa provincial de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo Nº 6 de la ley nacional Nº 26.331.
Este programa deberá convocar a un área técnica y a un área de participación, donde deberán elaborar la propuesta técnica del nuevo ordenamiento siguiendo un documento técnico-metodológico que lo respalde. Por su parte el área de participación deberá elaborar una planificación de talleres de información y consulta resultante del área técnica.
