El defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Maldonado, sostiene que se deben defender estas instituciones y remarca que las políticas de adecuación presupuestarias tomadas por las autoridades no deben atentar contra los derechos de los ciudadanos y contra los organismos que los defienden.
La información divulgada por los medios precisa que las delegaciones del INADI del interior del país serían cerradas de no conseguir un espacio físico que no requiera erogación del presupuesto de la institución en cuestión.
Sobre esto Maldonado resalta que las acciones que lleva adelante hace más de 20 años el INADI para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, son logros que tienen sus frutos a largo plazo y que sirven para las generaciones venideras, por lo cual se debe garantizar su permanencia en el tiempo, tal como lo estipula la Ley 24.515 que creó el instituto.
