En el marco de la causa por el disparo de un policía a un paciente con padecimiento mental, el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco pidió la reconstrucción del hecho. Desde su rol de querellantes institucionales, solicitaron la reconstrucción con el acompañamiento de la querella de la familia y del fiscal Especial de Derechos Humanos.
“Reiteramos el pedido de reconstrucción del hecho como medida de prueba clave, ante inconsistencias en las pericias sobre la distancia del disparo”, sentenciaron desde el Comité, y agregaron que «este elemento es central para determinar si el uso de la fuerza fue proporcional y acorde a los protocolos vigentes”.
Aunque la defensa del policía imputado se opuso al planteo. La resolución quedará a cargo de la jueza María Virginia Ise, de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia en la próxima audiencia del viernes, previo a la fijación de fecha del juicio oral.
Desde el Comité aseguraron que hasta el momento, las pericias no determinaron la distancia desde la cual se efectuó el disparo, un dato central para evaluar si el uso de la fuerza fue proporcional y acorde a los protocolos vigentes. “La reconstrucción del hecho permitirá reproducir las condiciones reales del escenario, realizar pruebas comparativas con el arma y la munición utilizadas, y analizar las lesiones, y la trayectoria del disparo”, afirmaron.
La causa
Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024, en horas de la madrugada, en una vivienda del macrocentro de Resistencia. Según consta en la investigación, el imputado, Miguel Zuco, en su carácter de jefe de turno, encabezó un operativo policial tras un llamado de auxilio por una situación de crisis de una persona con diagnóstico de esquizofrenia.
De acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente, durante ese procedimiento el efectivo disparó una escopeta de repetición contra la víctima —identificada como A.S.L.— a corta distancia, provocándole lesiones de carácter grave, entre ellas la fractura de esternón y múltiples heridas producto de perdigones.
Si bien la defensa sostuvo que el accionar estuvo justificado en un contexto de agresividad y riesgo, tanto la fiscalía como esta querella entendemos que se trató de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en una situación que requería una intervención del personal de salud, tal cual lo indica el protocolo de la ley 3381-G. Zuco está acusado de lesiones graves doblemente agravadas por el uso de arma de fuego y por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
