Ahora se espera los procesos judiciales para que las defensas de la familia Judis y el resto de personas vinculadas puedan apelar o no la sentencia.
El juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, habló sobre la tercera causa conocida como “Uncaus”, sobre lavado de activos que tiene al exrector Omar Judis como principal implicado. En diálogo con La Radio, explicó las extensas fojas de investigación sobre esta nueva causa ahora s u cargo que compromete a los exfuncionarios por facturar y desviar fondos a través de fundaciones.
Alurralde es el juez subrogante en esta causa, luego de que el juez federal de Sáenz Peñaa Ricardo Mianovich se inhibiera. “Si la sentencia llevó más de 300 fojas, imagínense la cantidad de pruebas”, comentó y aclaró: “las pruebas tomadas fueron procesadas y evaluadas, ya si se siguen agregando pruebas de muchos casos, nunca vamos a llegar a dirimir si corresponde o no iniciar y someter a estas personas a un proceso penal”.
Entre las causales de este proceso nombró abuso de autoridad, fraude a la administración pública, entre otros. De tres causas abiertas hacia la familia Judis y otros funcionarios de la universidad, la segunda está con requerimiento a juicio, pronta a ser elevad. Esta es la tercera causa, donde hay 19 personas implicadas también por asociación ilícita, malversación de fondos públicos, y más.
El juez comentó que faltan los tiempos judiciales para que la defensa pueda apelar esta sentencia ante la Cámara de Apelaciones, “que será quien dimirá o no esta causa”, indicó.
El letrado también explicó que la Justicia debe actuar con la sociedad y no de espaldas a ella, por lo que, en palabras sencillas, señaló que “las fundaciones no están sometidas al mismo central que una universidad, los fondos se fueron diluyendo en estas fundaciones”. La facturación y la contabilidad eran deficientes, “con recursos y gastos no declarados, no había certeza en la aplicación y origen de los fondos públicos”.
“Hay una habitualidad y permanencia para cometer estos delitos, tiene continuidad. Tenemos testimoniales, informes de los peritos interventores en las fundaciones. Es un cúmulo de probatoria que podrá ampliarse en el juicio”, indicó. “Yo acá no estoy condenando, sino que debo decidir si someto o no a proceso a las personas”, agregó.
“Tenemos 3 personas sometidas a proceso vinculadas a la misma universidad. Antes, en la primera causa hablábamos de una fundación, ahora tenemos cuatro. No está en discusión que las universidades puedan tener fundaciones, sino la utilización y el desvió de fondos”, expresó.
Por último señaló que hay organismos de control (estatal, fiscal, económico) que deben actuar de oficio, “lo que hago es poner en conocimiento, si no han notado, lo que se investigó durante el proceso”. Y señaló que la investigación se da sin detención preventiva, pero sí con algunas medidas cautelares sobre bienes, prohibición de salir del país y presentación obligatoria ante la Justicia.
