El Plenario de Trabajadoras de Chaco llevó a cabo un conversatorio virtual donde se trajeron a tema la vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras, ocupadas y desocupadas, disidencias y mujeres de las comunidades originarias “donde el derecho al agua, a la vivienda, a la educación bilingüe y a la salud siguen siendo postergados”.
Como eje principal del debate, el aborto legal se mostró como un derecho por conquistar “en medio de esta situación, fundamental para reforzar una organización de mujeres y disidencias independiente del Estado”, precisaron desde el PDT.
“Atravesamos una cuarentena que el gobierno utiliza para aplicar el ajuste fondomonetarista: despidos y ataques a los convenios colectivos de trabajo, el pago a los bonistas y la financiación de empresas multinacionales con la plata de las jubilaciones”, repudiaron.
Samantha Salas, militante del Partido Obrero, expresó: “Debatimos un poco la situación en la que se encuentra hoy el movimiento de mujeres. La lucha que veníamos llevando les trabajadores en cada punto de Chaco con respecto a la violencia y la desigualdad laboral se vio paralizada con la pandemia”.
“Nos encontramos en un contexto donde seguimos viendo a la mujer trabajadora pobre. Desde 2015, en una manifestación masiva, se visibilizó el rechazo a las violencias hacia la mujer, contando el desempleo como una de ellas. A partir de allí, tanto el macrismo como Cristina Fernández y Alberto Fernández aplicaron ajustes y vaciamiento de puestos de trabajo, tanto que han dicho ser gobierno para trabajadores. Los derechos de las mujeres son cajoneados”, consideró.
Luego, Nancy Ruíz, trabajadora de salud, delegada del hospital de Castelli, con repercusión por su trabajo de visibilización de las condiciones laborales de la localidad que recibe a pacientes de El Espinillo, El Sauzalito, Nueva Pompeya, Villa Ángela, entre otras, lamentó: “La estamos pasando más que mal. En salud, esta pandemia dejó al descubierto nuestras carencias. No tenemos elementos de protección ni alcohol. Se siente el abandono del Estado y la incapacidad de los funcionarios”. Además, reveló: “Compañeras de la comunidad qom están precarizadas hace más de diez años”.
Valeria González, delegada de la ATE Naranja y equipo técnico del refugio Madres del Sol en Barranqueras, recordó que el porcentaje de casos de violencia ha crecido un 40% en cuarentena, y que se han desatendido los derechos laborales femeninos.
“De cara a este 3 de junio, debemos poner en ese pliego de demandas el pase a planta de todas las compañeras precarizadas de la provincia. Es gravísimo que quienes estén realizando acompañamientos a mujeres víctimas de violencia estén cobrando salarios de miseria. Es decir, el presupuesto que el gobierno prometió que destinaría a este sector, no llegó a las trabajadoras. Nos presentamos en contra del ajuste del presupuesto a las políticas de género, doméstica e institucional”, aseveró González.
Sobre el Instituto de Cultura, expresó: “Seguimos pidiendo nuestra regularización. Aún hay precarizados, monotributistas y becadas. Tenemos uno de los salarios más bajos de la provincia”. Además: “Nos pesa el condicionamiento de las burocracias sindicales y las modalidades contractuales”, sumó.
Por último, mencionó que la Ley Micaela: “No se está aplicando ni llevando adelante. En instituciones como comisarías, se olvidan de las legislaciones existentes. Tampoco hay protocolo para violencia institucional, entonces se vulnerabiliza mucho más a la mujer”.
Por su parte, Mara Montenegro, trabajadora social en Villa Ángela y Santa Sylvina, abordó la lucha por la educación terciara en el mandato de Domingo Peppo como intendente. “Hoy, contamos con un terciario gracias a todas las movilizaciones de años de docentes y alumnos”, cerró.
