Ayer la Cámara de Diputados aprobaba en un solo proyecto de ley unificado las siete iniciativas presentadas por distintos bloques legislativos para frenar el beneficio del 2×1 a genocidas del terrorismo de Estado resuelto en el polémico fallo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Rosenkratz, Rosatti y Higton de Nolasco, que no para de cosechar el repudio dentro y fuera del país. Luego de algo más de seis horas de debate, los diputados le dieron media sanción con 211 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo. Elisa Carrió se ausentó a la hora de votar.
El proyecto unificado reúne las iniciativas presentadas por Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Pablo Tonelli, Daniel Lipovtezky (Pro), Carlotto y Héctor Recalde (FpV-PJ). El texto acordado consta de tres artículos y modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -derogada en 2001- para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional”. También prevé que el cómputo de las penas establecidas en su oportunidad por el derogado artículo 7 de la ley del 2×1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período que existió la norma, entre 1994 y 2001. Por último dispone que “los artículos anteriores son la interpretación auténtica del artículo 7 de la Ley 24.390”. El texto será tratado y aprobado durante la mañana de hoy por el Senado.
El diputado del FpV, Juan Cabandié destacó la serie de hechos que se produjeron desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno que terminaron generando un contexto favorable al fallo de la Corte. Todo comenzó con intento de designación de los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a través de un decreto pero luego las reuniones del ministro de Justicia, Germán Garavano, con abogados defensores de genocidas y con Cecilia Pando. Le sumó las declaraciones del propio Macri cuando en un reportaje habló de “guerra sucia” y minimizó el número de desaparecidos. Para el legislador esto generó un contexto que permitió que se produzca tamaña acordada y afirmó que si hay que buscar un “instigador” hay que mirar a los ministros y al propio presidente “que apañaron acciones del Estado que permiten que jueces otorguen detenciones domiciliarias a genocidas a partir de la llegada de este gobierno”.
CÓMO SIGUE
Para esta mañana se espera una sesión especial del Senado de la Nación, con el objetivo de ratificar la norma que busca limitar la aplicación del fallo de la Corte Suprema en favor del represor Luis Muiña.
Así, el Senado se prepara para convertir en ley el acuerdo parlamentario en la previa de la movilización convocada a las 18 por los organismos de Derechos Humanos a la Plaza de Mayo, que será replicada en diversos puntos del país.Ayer, durante el tratamiento de la iniciativa, una delegación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ingresó al recinto y fue recibida con un aplauso de pie de modo espontaneo por parte del pleno de la Cámara de Diputados.
"Lo que discutimos hoy tiene nombres, apellidos y caras. Acaba de ingresar Estela Carlotto al recinto, están las Madres de Plaza de Mayo, están los pañuelos", inició su intervención Donda, nieta recuperada, nacida en la ESMA. "Si en el 2003 se abrieron los juicios fue porque desde la declaración de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no hubo un solo día en que este pueblo dejara de reclamar por Memoria, Verdad y Justicia", recordó la diputada, militante de HIJOS en aquellos años.
JUICIO POLÍTICO
El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, que adhirió a la marcha de hoy, solicitó el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema que avalaron la aplicación del 2×1 a los genocidas: "Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio", denunciaron.
Por su parte, los diputados de la alianza Cambiemos Daniel Lipovetzky y Anabella Hers, en un nuevo intento por despegar al Gobierno del escándalo, presentaron un proyecto de ley para anular la aplicación del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad y que restringe la aplicación de la ley 24.390 a los procesados que estuvieran detenidos durante la vigencia de la norma (entre 1994 y 2001).
El pedido de juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fue firmado, entre otros, por Juan Cabandié, nacido en la ESMA e hijo de desaparecidos y nieto recuperado. El proyecto, cuyas firmas encabeza el jefe del bloque, Héctor Recalde, propone, además, una ley aclaratoria que establezca que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna. "Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio", denuncian los legisladores del FpV en sus fundamentos.
A su vez, el bloque Peronismo para la Victoria presentó otro proyecto elaborado junto con Abuelas de Plaza de Mayo, en el cual se ratifica que "no es aplicable" el artículo 7 de la ley 24.390 a "conductas delictivas que hayan implicado graves violaciones de los Derechos Humanos o encuadren en la categoría de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional".
