La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentará hoy su proyecto en el Congreso, en un contexto favorable para que sea tratado: el 30 por ciento de los diputados está a favor, el 30 en contra, y un 40 por ciento todavía no se ha definido.
La propuesta, presentada por séptima vez, llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que ingresó por primera vez en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. En 2014, llegó a tener 70, pero se juntaron a lo largo de varios meses. En 2016, ingresó con 34 firmas. Pero durante el kichnerismo no hubo decisión política para promover el debate. El anuncio del presidente, Mauricio Macri, cambió el escenario. Hoy, los pañuelos verdes volverán a inundar el Congreso. Un sondeo de la Campaña marca a grandes rasgos un contexto muy favorable para iniciar el tratamiento: un 30 por ciento de diputados y diputadas a favor de despenalización y legalización del aborto, otro 30 por ciento en contra y un 40 por ciento sin definir, que se dividirían por mitades, entre indecisos y quienes aún no dieron a conocer su postura.
La mayoría de los firmantes pertenece al FpV; hay 14 de la UCR, cinco del PRO (cuatro varones y una mujer), tres de la fuerza que lidera Martín Lousteau -él mismo firmó-, otros tres del Frente de Izquierda. Las bancadas más reticentes, por el momento, son las del Justicialismo -apenas una sola diputada- y la que responde a Sergio Massa –sólo dos firmas-.
"Lo apoyo porque estoy en contra de los abortos clandestinos", dijo a Página/12 la diputada Victoria Donda, del monobloque Libres del Sur, una de las cuatro legisladoras que encabezan con su firma la iniciativa. Las otras tres son Mónica Macha, del FpV; Brenda Austin, de la UCR; y Romina del Pla, del Frente de Izquierda. “La diversidad de bancadas busca mostrar la transversalidad de apoyos al proyecto", explicó.
La propuesta legislativa establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento". Si es menor de 13 años, "se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal". En todos los casos, serán "de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley N° 26061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído", dice el proyecto.
Fija, además, que en ningún caso se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales -e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias- y realizarse en el sistema de salud dentro de los cinco días de solicitados.
El texto es el mismo -con apenas algún retoque- que el presentado en 2016, cuando se actualizó a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas. Las modificaciones que se le introdujeron surgieron de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora, que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo de 2016.
En 2016, se incorporó a las personas trans con capacidad de gestar y se amplió de 12 a 14 semanas el plazo para garantizar el derecho a la IVE, en línea con legislaciones de países europeos como España. El artículo primero define: "En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional".
