El Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV) atiende de forma diaria los padecimientos por lo que atraviesan las mujeres e identidades femeninas diversas, como maltratos, discriminación, abusos sexuales y femicidios. El centro brinda asistencia psicológica, asesoramiento jurídico e intervención social, pero “sin los recursos mínimos, suficientes y necesarios”, denunciaron.
El Equipo Interdisciplinario fue creado en el ámbito del Poder Ejecutivo y en el marco de la ley Nº 4377. Se encuentra trabajando ininterrumpidamente desde el año 2005 en la asistencia integral de víctimas de violencias, que acuden en mayor medida por derivaciones de organismos judiciales, policiales o servicios de emergencia, sociales y de salud. “Actualmente, nos encontramos experimentando un exponencial y alarmante incremento de cantidad y complejidad de los pedidos de intervención”, registrando, en 2015, 1.499 asistencias; en 2017, 2.940; y el año pasado, 3.656. “Cada caso requiere múltiples estrategias de actuación desde las áreas psico-jurídica y social, con recurso humano profesional y especializado en el problema”, remarcaron.
Este fenómeno y la consecuente dificultad operativa que implica para los profesionales del servicio “no fue acompañado de una reorganización del área, redistribución y suma de recursos, sino todo lo contrario”, advirtieron. Expresaron que la situación se viene comunicando permanentemente desde 2017 “por las vías administrativas formales a todas las autoridades pertinentes, considerando que es un dispositivo que, si bien ha sido establecida su coordinación en la órbita del Ministerio de Salud, es de concepción y estructura interministerial”.
Hoy, el equipo profesional del CAVV, que nunca contó con presupuesto propio, se compone de sólo tres licenciadas en Psicología y una médica especialista en salud mental (a tiempo parcial), “para atender los miles de casos referidos”, dos abogadas “con situación laboral precaria” y dos licenciados en Trabajo Social, “que no cuentan con movilidad propia del servicio para realizar los seguimientos de casos, muchos con altísimo y urgente riesgo”.
SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde el CAVV, advierten que declarar en estado de emergencia en materia de violencia de género en todo el territorio provincial constituye un explícito reconocimiento acerca de la plena pertinencia del planteo hecho “de las cuales hasta el momento hemos tenido respuestas limitadas e insuficientes”.
“Más allá del eventual trámite parlamentario que pudiera suscitar la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cierto, real y concreto es que dicho Poder cuenta con plenas atribuciones constitucionales y legales para dar una respuesta urgente a lo que este equipo viene solicitando. Ello, con la inmediata premura inherente a una situación de emergencia reconocida por el propio Poder administrador”, señalaron y remarcaron declaraciones del propio gobernador, Domingo Peppo.
Resaltaron la necesidad de que se reviertan las “insostenibles situaciones de precariedad laboral y que se alzan en contra de expresos mandatos constitucionales”. “Además, encausar el comportamiento de las instituciones del Estado en condiciones capaces de garantizar la vigencia de los derechos individuales y colectivos de quienes concurren a diario al centro, en el que desplegamos nuestro esfuerzo humano”.
PEDIDOS
Enumerando, los reclamos urgentes de esta área que es la menos difundida pero la que más acercamiento tiene a las historias particulares en atención y asesoramiento son: personal insuficiente y precarizado (beca) en el área legal; el número de profesionales de salud mental no son suficientes para afrontar la demanda; no se cuenta con móvil propio o afectado para realizar visitas y seguimientos; el equipo no cuenta con un edificio propio de atención, se renueva el alquiler del local cada año, a través del Ministerio de Salud (una demanda que ya tuvo conocimiento público años atrás); el equipo informático resulta totalmente insuficiente (tres computadoras para todo el trabajo de profesionales y personal administrativo); falta de mobiliario (archivos, escritorios, sillas para personal y víctimas), siendo parte del mismo donaciones particulares o de otras instituciones. Tampoco insumos mínimos, como papelería y limpieza, así como gastos imprevistos de transporte, insumos, entre otros.
