El presidente Alberto Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que «se investigue penalmente» el intercambio de mensajes entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.
Al mismo tiempo, al hablar por cadena nacional, solicitó al Congreso que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
También informó que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.
El Presidente sostuvo que «por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas», mientras que en otros «simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
La periodista del diario La Nación, Paz Rodríguez Niell, reveló que el juez Ercolini quiso «convencerla» para que sea «vocera involuntaria de la versión de ellos», algo que «por suerte» no ocurrió.
«Deciden que Ercolini hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos», indicó Rodríguez Niell en Radio Con Vos.
El presidente Fernández dijo además que, de acuerdo con las evidencias, «el viaje existió», y explicó que decidió dar el mensaje desde la Casa Rosada porque «es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido», y que esperaba que» todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos».
«Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas» y anunció una serie de medidas para investigar la situación en distintos ámbitos.
Señaló el Jefe de Estado que para ello dio instrucciones al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal «a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento».
También instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que habrían intervenido en el viaje.
En el ámbito parlamentario solicitará, expresó, al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que «evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados» y en caso de que corresponda, «presentar el juicio político a los funcionarios de la Ciudad» que hubieren participado de los hechos.
Asimismo, enfatizó que «una vez más» solicitará al Congreso Nacional que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
Fernández recordó en su mensaje, de poco más de cinco minutos de duración y que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que desde el inicio de su gestión advirtió «sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años» y que se comprometió a «eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica», para lo cual «pusimos fin a los operadores y mesas judiciales».
De esa manera, aseveró, «los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al Gobierno».
Sin embargo, puntualizó que «todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado», y dijo que la Argentina «necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros».
Si bien advirtió que «lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación», destacó que esa circunstancia «no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes»
De esta manera, «por vez primera queda expuesto» con «enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
