Estupor, bronca e indignación son algunas de las sensaciones vividas por lo que desde hace tiempo son parte de la lucha y militancia para el juicio justo y la condena por los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Es que ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que consideró aplicable la ley que reduce una condena, conocida como 2×1.
Uno de los que manifestó su preocupación fue el secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya. “Es un fallo de una Corte que defiende a los poderosos que actualmente gobiernan este país, con el objetivo de promover una suerte de olvido de lo ocurrido, de minimizar las condenas para que la sociedad argentina piense que todo terminó y esto es una historia del pasado”, explicó.
El funcionario se encargó de subrayar el concepto de relativización de las condenas para estos delitos y la gravedad que esto conlleva por tratarse justamente del terrorismo de Estado. “Ponen en relieve toda la construcción de verdad, memoria y justicia, lo que se busca es borrar la memoria para garantizar la impunidad del futuro”, reflexionó.
NUEVOS VIENTOS
Por su parte, la presidenta del Comité contra la Tortura, Silvina Canteros, realizó las lecturas legales y políticas de esta decisión de Corte Suprema y sus implicancias para las condenas dictadas en Chaco.
Para el primer punto, al igual que otros letrados consultados por este medio, llamó a la prudencia para conocer en detalles el fallo y lo que podría llegar a ocurrir en nuestra provincia con los condenados en las causas Margarita Belén y Caballero. Ya en un plano político, repasó una serie de acciones y discursos de autoridades nacionales referidas a lo acontecido en una de las páginas más oscuras de la historia del país.
“El fallo es uno nuevo mensaje de los nuevos vientos políticos que azotan a los derechos humanos”, señaló y puso de relieve el reciente pedido de la cúpula de la Iglesia convocando a una “idea de reconciliación” entre víctimas y genocidas, las reuniones de familiares de víctimas del terrorismo con funcionarios nacionales y el valor que se le otorga hasta cuestionar el número de desaparecidos, pasando por intentar otra vez instaurar la teoría de los dos demonios.
TIEMPO DE ANALIZAR
Si bien todavía es muy pronto para elucubraciones de largo alcance, según pudo averiguar elDIARIO de la Región, el fallo sienta un precedente grave para todo el país y en ese marco para los procesos que tienen lugar en Chaco.
Sucede que varios de los genocidas locales fueron detenidos en 2006 – 2008, y si se computa doble el tiempo de su detención hasta que la sentencia quedó firme, estarían cerca de cumplir los dos tercios de la pena.
Respecto de las condenas por prisión perpetua y cómo se computaría eso, es un tema más complejo. El fin de semana, se realizará en Entre Ríos un encuentro de abogados de causas de lesa humanidad en el que se espera contar con mayores definiciones.
Cabe destacar también que la Corte ya emitió un fallo donde se despega de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que avanza hasta lograr el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Una medida que muchos interpretan como una suerte de “paraguas” para el cese de la persecución a los genocidas.
RUEDA DE PRENSA
Hoy a las 9.30, en la vereda del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Hipólito Yrigoyen 33, organizaciones sociales y de derechos humanos efectuarán una rueda de prensa para dar cuenta de su rechazo a este fallo.
“Los organismos de derechos humanos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco manifestamos nuestro enérgico repudio a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los genocidas juzgados y presos por crímenes de lesa humanidad queden en libertad, aplicándoles el beneficio de conmutación de penas en el 2×1 como si fueran delincuentes comunes. Estamos en una situación que puede retrotraer los procesos a la época del punto final, la obediencia debida y los indultos; es decir, la impunidad para los criminales del terrorismo de Estado, amparados bajo el gobierno de los cómplices civiles”, señalaron en un comunicado.
