Tras la publicación de la revista Litigio, el defensor oficial 2 de Sáenz Peña, Matías Jachesky, presentó un hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante el Juzgado de Garantías, a partir del cual solicitó cesar todo tipo de detenciones arbitrarias en Quitilipi. El Juzgado de Garantías pidió informes a la comisaría sobre el procedimiento cuestionado, tras haber un antecedente de 2016 contra el hostigamiento policial a jóvenes Qom.
“De existir estos hechos, serian de extrema gravedad, excediendo claramente el poder de policía que detenta la autoridad de prevención, motivo por el cual se presenta de inmediato la acción tendiente a hacer cesar tales actos arbitrarios por parte de la autoridad policial”. Así dictamina parte del hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo que presentó el fin de semana el defensor oficial 2 de Sáenz Peña, Matías Jachesky, ante el juez de Garantías de la Segunda Circunscripción judicial, Luis Kubicek.
El cuestionado operativo de Quitilipi tuvo además un respaldo importante: el del jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero.
La medida se produjo en base a una nota publicada el sábado en el medio especializado local. La publicación de la revista reveló una razzia policial perpetrada en Quitilipi entre el lunes por la noche y el martes por la mañana en la cual se detuvieron de manera arbitraria a, por lo menos, 10 jóvenes de condición humilde de la zona.
El cuestionado operativo de Quitilipi tuvo además un respaldo importante: el del jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero. En un grupo de WhatsApp que comparte con periodistas locales, Romero se jactó de la medida y la nombró sin eufemismos. “Razzia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia (a) altas horas de la madrugada, a la jaula”, fue el comentario de la máxima autoridad de la policía provincial.
Jachesky tomó conocimiento de los hechos publicados tras recibir una comunicación de la defensora general adjunta, Gisela Gaúna Wirz. La funcionaria le manifestó que se produjeron razzias policiales en Quitilipi en las cuales se ha interceptado, demorado y detenido a personas en la vía pública, con la única finalidad de “identificarlos, conminarlos y amedrentarlos”.
En el escrito de hábeas corpus, el defensor indicó además que las medidas estuvieron circunscriptas a “jóvenes en estado de vulnerabilidad económica y social, y en apariencia existirían entre los detenidos, personas pertenecientes a pueblos nativos de la provincia”.
En el marco del trámite judicial, el juez Kubicek remitió una serie de pedidos de informes a la comisaría de Quitilipi en donde se solicitó determinar en qué circunstancias se produjeron los hechos denunciados y cuál fue el motivo del operativo.
Además, pidió informar si alguna de las personas continúa detenida, a disposición de cual autoridad judicial, en base a qué imputación y por cual causa. También se solicitaron los motivos fundados que llevaron a la ejecución del operativo, las formas y condiciones que se debían cumplir y si se obró en base a una orden escrita de autoridad competente.
ANTECEDENTE
No es la primera vez que se presenta una medida de estas características en Quitilipi contra el hostigamiento policial. En septiembre de 2016, en base a una presentación realizada por los defensores oficiales 1, 2 y 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, el juez Correccional 2, Marcel Festorazzi, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo en favor de la comunidad qom del barrio Cacique Moreno contra el personal policial de la comisaría de Quitilipi.
La medida, que aún se encuentra vigente, ordenó cesar las acciones que por vías de hecho “priven, restrinjan o amenacen la libertad de la comunidad Qom cuando no se reúnan los recaudos constitucionales o legales exigidos”.
Dispuso también que el personal policial de la comisaría de Quitilipi deberá asistir en forma obligatoria a cursos donde se instruirán, nuevamente, sobre temáticas vinculadas a los derechos fundamentales que la autoridad policial debe respetar y garantizar, incluidos en la Constitución nacional, provincial, leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos.
(Fuente: Bruno Martínez en Revista Litigio)
