
El Consejo Federal de Medio Ambiente resolvió rechazar la modificación de la ley en el dictamen de la Comisión de Bosques.
La ley que aborda los presupuestos mínimos para la conservación de bosques en todo el país, tuvo un amplio respaldo de representantes de todas las provincias, a excepción de Chubut, Chaco, San Luis, San Juan y Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes estuvieron ausentes en la sentencia.
Para el dictamen final, se analizaron más de 60 ponencias de ongs, universidades y profesionales, de las cuales el 90% se manifestó en contra de las reformas. El 10% de organismos a favor, basó su postura en la “eficiencia económica”.
Además, el Consejo solicitó formalmente al Poder Ejecutivo resguardar las leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, “resultan de vital importancia para la conservación de recursos estratégicos en el marco de una convergencia de crisis ambiental” afirmaron.

Desde Cofema, aseguraron que en Perspectiva de Derechos Socio-Ambientales, la reforma es inconstitucional por cuatro ejes principales:
- Viola el Principio de No Regresión: La reforma reduciría la tutela legal sobre el 80% de los bosques nativos del país.
- Amenaza a los Derechos de Comunidades Vulnerables: La desprotección de áreas criticas facilita el avance sobre territorios de comunidades campesinas y pueblos originarios, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria y sus medios de vida.
- Debilita el Control Estatal: la modificación solicita pasar de un sistema de autorización previa a uno de «notificación» en zonas verdes para desmontar.
- Incumple Tratados Internacionales: vulnera el Acuerdo de Escazú al retroceder en estźndares de protección y pone al país en riesgo de aislamiento comercial, ya que mercados como la Unión Europea exigen productos libres de deforestación.
La ultima palabra sobre el avance o rechazo de las modificaciones la tendrán las comisiones de Recursos Naturales y a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y en Senado, respectivamente.
El Consejo Federal envió su dictamen a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado para continuar su tratamiento.




