Decir que el modelo de producción agropecuario actual de soja transgénica es un peligro para la salud pública, ya no es noticia, ni pude estar sujeto a discusión. Los agrotóxicos utilizados para eliminar plagas y malezas que afectan los cultivos, de los cuales el glifosato (principio activo del herbicida RoundUp de la firma multinacional Monsanto) es el más conocido, pero no el único, tiene como “daño colateral” cada vez más extendido la pérdida de embarazos, malformaciones genéticas, mutaciones, cáncer, leucemia, y afecciones respiratorias severas.
Días atrás se conoció la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en la cual falló a favor del decreto N° 2239/19 del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que habilita que se realicen fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de distancia de las escuelas rurales.
Esta decisión del STJ entrerriano deja sin efecto el pronunciamiento del juez de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien a fines de septiembre declaró inconstitucional el decreto sancionado por Bordet a principios de agosto, avalando lo prescripto en instancias judiciales anteriores por las cuales se había declarado como distancias aplicables los 1000 metros para fumigaciones terrestres y 3000 para fumigaciones aéreas.
Este reclamo se inició por una serie de amparos presentados por la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos y la asociación de Magisterio de la provincia en resguardo de la salud de niños y docentes de escuelas rurales.
Desde la citada entidad, señalaron que el Gobierno entrerriano modificó la ley provincial que regula los amparos para conseguir una resolución favorable y adelantaron que recurrirán ante el máximo tribunal. “Vamos a apelar a la Corte Suprema Nacional”, afirmó María Fernández Benetti, una de las abogadas de la Coordinadora que llevan el caso.
Cabe remarcar que, según un relevamiento de febrero de 2018, el 55% de los niños y adultos internados en el hospital Garrahan y el Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianos.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en 2017 Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes. La media nacional fue, en ese mismo año, de menos de 120 casos.
Desde 2015 la Organización Mundial de la Salud catalogó al glifosato, el cual se usa bajo distintas marcas, pero la más conocida de ellas el Roundup, fabricado por Monsanto, como «cancerígeno probable». Según un informe de la Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) en Argentina se utilizan alrededor de 200 mil litros de glifosato por año para fumigaciones.
EL CHACO
Chaco no es ajeno a esta problemática, cabe recordar que a fines de octubre pasado la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) demostró, a través de un estudio presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en la capital chaqueña, indicios de deterioro genético en los habitantes chaqueños por la exposición a agroquímicos. La investigación fue presentada por el doctor Horacio Lucero, integrante del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la UNNE.
Por ello, elDIARIO de la Región consultó al respecto a referentes locales en la materia. La ingeniera agrónoma Angélica Kees, especialista en agroecología e integrante de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” sostuvo: “Esta cuestión de las distancias se trabajó desde el Foro Ecologista de Paraná y desde la Asociación Gremial de Maestros de Entre Ríos. Aquí entran en juego varias cosas, aun cuando se habían presentado estudios que demuestran claramente los problemas que traen las sustancias agrotóxicas que se utilizan en la salud de los docentes y niños que concurren a escuelas rurales no se tuvo en cuenta esto, sino que se tuvo en cuenta una propuesta de la cámara empresarial, la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), que la verdad es alevosamente parte interesada en continuar con la venta de sus productos químicos que están cuestionados en todo sentido”.
“HAY ALTERNATIVAS”
Además, la ingeniera Angélica Kees remarcó que existen modelos de producción que no implican el envenenar el suelo, el agua y la vida. “Se cuestiona que se pierden hectáreas cuando aplican medidas restrictivas para resguardar la salud de las personas. Acá es interesante analizar que Argentina es a veces el primero, a veces el segundo país de exportación de alimentos orgánicos de probada calidad. Es decir que, si hay gente que produce sin agroquímicos, con buen nivel de producción, con certificación orgánica, y que está logrando exportar a mercados de consumo del primer mundo claramente existen otros modelos productivos posibles. Si uno avanza un poco en la cuestión de los modelos productivos, vemos que cuando hablamos de las distancias de lo que se trata es de un modelo en el que mientras que a un sector se le permite ganar mucho dinero, a otros se los obliga a acortar su vida y su salud”.
Kees enarbola la “producción agroecológica, una mirada integral e integradora de la producción rural y las demás zonas del territorio. Es posible un modelo productivo que conserva y regenera los recursos, fundamentalmente el suelo, con buen manejo de la diversificación, de reciclado de nutrientes. En cuanto al control biológico natural, se puede pensar en traer enemigos naturales de las plagas. Hay elementos técnicos que respaldan todo esto”. No obstante, subrayó la existencia de “enormes intereses económicos que no están dispuestos a perder ni un centavo de sus ganancias. Y lo más grave es que no están dispuestos a sentarse a discutir cómo podrían orientar sus propuestas de acompañamiento a los procesos productivos rurales con productos compatibles con la salud ambiental y humana”.
“EL VENENO LLEGA”
Por su parte, la abogada Alejandra Gómez, presidenta de la Fundación Ramón Carrillo, comentó a este matutino: “En Chaco contamos con la ley 2026, anteriormente 207032, de fines de 2012, que establece distancias de 500 metros para aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas, a considerar desde centros urbanos y establecimientos educativos, así como también reservorios de agua. La ley se sancionó luego de varias denuncias que dan cuenta de poblaciones del casco urbano y rural afectadas por fumigaciones realizadas con un alambrado o calle de por medio”.
La última denuncia recibida por la entidad con casos similares a los mencionados fue en agosto pasado. Asimismo, en octubre de 2018 se registraron escuelas fumigadas en Pampa del Infierno, en Charata, y en Campo Largo. “Generalmente, muy pocos de estos casos llegan a denunciarse porque se encuentran comprometidos varios intereses de por medio. Si bien desde la Red cuestionamos las distancias aplicadas por lo menos solicitamos que las mismas se cumplan” sostuvo la letrada.
También señaló que en Argentina se utilizan agrotóxicos prohibidos en otras partes del mundo, incluso se dan casos de utilización de productos que están prohibidos en los mismos países de los laboratorios que los producen (como el Paraquat). “Se autorizan asimismo formas de aplicación restringidas en la Unión Europea, con una prohibición progresiva desde el año 2008 de fumigaciones aéreas. “También en nuestro país se aplica más cantidad de agrotóxicos que en otros países. Estamos segundos en el ranking mundial en la aplicación de glifosato por hectárea según informes del INTA y somos uno de los países con mayor cantidad de eventos transgénicos aprobados, a la fecha 60, 25 en los últimos cuatro años, siete en este año”.
Otra crítica reside en la autorización de procedimientos que no respetan lo que establece la ley general de Ambiente. Se utilizan principios activos nocivos para la salud sin los estudios correspondientes para determinar la toxicidad crónica de los mismos.
“Desde la Red nos hemos presentado pidiendo su anulación, cuestionando este incumplimiento, pero hemos tenido respuesta negativa” precisó. En ese sentido, comentó que recientemente la Agencia de Protección Ambiental de California, EE. UU. estableció la prohibición del uso del insecticida Clorpirifos, considerado un neurotóxico, desde 2020, por graves efectos en niños y poblaciones sensibles, “los cuales se producen a niveles de exposición más bajos que los que se entendía anteriormente” reconocieron desde el organismo.
“En la Argentina el Clorpirifós está prohibido por la ANMAT para el uso domiciliario desde el año 2008, sin embargo, es el insecticida con mayor uso en el agro, y se lo aplica también en forma aérea. En el Chaco tenemos el antecedente de haberse encontrado residuos de Clorpirifós en agua de consumo humano en una de las pocas muestras tomadas por la Administración Provincial del Agua luego de una denuncia.
Otro ejemplo: “La medida cautelar en La Leonesa – Las Palmas que establece la realización de estudios epidemiológicos y de monitoreo de la calidad del agua lamentablemente no se cumple según las condiciones establecidas por el juez. Existe una deuda en el cumplimiento de lo ordenado y también del Estado no solamente en este caso específico sino en el cumplimiento de las leyes ambientales y en lo que hace a garantizar el derecho de todos y todas a un ambiente sano, principalmente en el resguardo de la salud y de las generaciones futuras. Respeto del daño genético que provocan este tipo de sustancias, destacó la investigación mencionada más arriba, y los estudios realizados en Chaco por el CONICET que dan cuenta de residuos de herbicidas como el Glifosato y del metabolito AMPA, también en la orina de personas radicadas en centros urbanos. Por ello advirtió: “El veneno nos llega, estemos o no expuestos a las fumigaciones”.
