Organismos de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Provincia por la Memoria, organizaciones sociales y políticas, referentes políticos y sindicales manifestaron su repudio al fallo 2×1 para genocidas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la mañana de ayer en la plaza central, frente al Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF).El fallo en cuestión, votado por los magistrados de la Corte Suprema de la Nación Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, equipara los crímenes del terrorismo de Estado con los delitos comunes y establece que cada día sin sentencia firme se compute doble, de modo tal que las penas puedan reducirse de modo considerable.
El acto de repudio se organizó frente a la sede del TOF, donde tuvo lugar la audiencia 28 del juicio denominado Causa Caballero II (por torturas, violaciones y desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones), proceso que el 16 de junio cumplirá un año exacto de juicio oral, y el cual sufrió varios retrasos, la mayoría producto de ellos por presentaciones judiciales de las defensas de los imputados, recursos que han sido calificados como “extemporáneos y dilatorios” por parte de las querellas y de la Fiscalía.
El fallo de la Corte Suprema sienta un precedente grave para todo el país y en ese marco para los procesos que tienen lugar en Chaco. Sucede que varios de los genocidas locales fueron detenidos en 2006- 2008 y si se computa doble el tiempo de su detención hasta que la sentencia quedó firme, estarían cerca de cumplir los 2/3 de la pena. Cabe destacar también que la Corte ya emitió un fallo donde se despega de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. HH. que manda perseguir y lograr el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Una medida que muchos interpretan como una suerte de “paraguas” para el cese de la persecución a los genocidas.
FALLO ESCANDALOSO
Durante la reunión en la plaza 25 de Mayo, Martín Peralta, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, afirmó: “La demora en los juicios ha sido responsabilidad del propio Poder Judicial. Tenemos que pensar qué mensaje se da a la sociedad si comenzamos a liberar a los principales criminales, responsables de torturas, violaciones, asesinato y, encima, con el aval de la instancia más alta del Poder Judicial, al que la palabra Justicia le queda lejos”.
Acompañaron la iniciativa la agrupación HIJOS Chaco, Ex Detenidos Políticos, Asociación de Familiares de Desaparecidos, Red por la Identidad, la Comisión Permanente por los DD. HH., Partido Frente Grande, la UTRE Ctera, la ATE Verde y Blanca, Agrupación Descamisados, entre otros.
El exdetenido político Juan Carlos Goya, actual secretario de DD. HH. de la provincia señaló: “Este fallo implica la destrucción del Juicio y Castigo a los genocidas, personas que no han cometido delitos comunes. En todo el mundo, este tipo de delitos se pagan con cárcel común y efectiva en prisión y en todo caso es el Estado el que debe garantizar que se vele por la salud de cada detenido”.
El legislador Daniel Trabalón del partido Frente Grande destacó que el fallo “forma parte de una expresión política del oficialismo”. “No olvidemos que el secretario de DD. HH. de la Nación, Claudio Avruj, lo defendió en nombre del Gobierno nacional. El fallo va a contramano de uno de los pilares centrales del Juicio y Castigo”.
Las diputadas nacionales del bloque del Frente para la Victoria Analía Rach y Lucila Massin también manifestaron su rechazo: “El fallo es un escándalo judicial, claramente se trata de una devolución de favores, porque esta decisión de la Corte va en clara consonancia con la política del Gobierno nacional de profundo retroceso en DD. HH. que implica lisa y llanamente la impunidad para los genocidas”.
Massin, por su parte, coincidió en que se trata de “un fallo político con un acuerdo explícito de parte del Gobierno nacional y también de los senadores que designaron a estos jueces” y expresó el acompañamiento a “las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la condena a esta reducción de penas a los genocidas”.
JUICIO ORAL
CABALLERO II
En la audiencia de la fecha declaró el exdetenido político Julio Argentino Cossio. Su testimonial comenzó con un retraso considerable a raíz de la demora en el traslado de los imputados Luis Alberto Patetta y José Tadeo Bettolli desde el Penal de Campo de Mayo, en Buenos Aires, hasta la sede judicial en la cual presencian los debates por sistema de videoconferencia.
En este proceso figuran como imputados 12 represores del terrorismo de Estado, diez expolicías y dos militares retirados por la imputación de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad.
Cossio, quien ya declaró en juicios anteriores como Caballero I y la causa Masacre de Margarita Belén, estuvo ocho años preso, durante los cuales recorrió la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía policial, la prisión U7, la prisión U9 (La Plata), el penal de Rawson, la U7 otra vez, hasta que en octubre de 1983 llegó a Devoto y al poco tiempo lo liberan.
Fue detenido el 29 de mayo de 1975 en Santiago del Estero, huyendo de la persecución a militantes políticos en Chaco. Sin que medie formalidad de ningún tipo lo llevaron a una comisaría y fue sometido a apremios, primero a cara descubierta y luego vendado. “Tiempo después, supe que el comisario que me entrevistó era Musa Azar”, contó en referencia al imputado en el proceso y uno de los jerarcas del terrorismo de Estado en la vecina provincia.
EL AGUANTE DE
LOS FAMILIARES
Pasó una semana hasta que sus captores se sinceraron con él: “Me dijeron mirá, nos dimos cuenta que vos acá no tenés nada que ver con nada, con nosotros no tenés problemas… pero en Chaco te están buscando”. Fue entregado a la Policía chaqueña y confinado en la Brigada de Investigaciones desde donde lo trasladaron a la alcaldía y luego a la Unidad 7, a fines de junio. Recién entonces fue legalizada su detención.
“En la U7, conocí a un compañero de Tucumán. Estuve una semana compartiendo calabozo con él. No recuerdo su nombre pero le decían el “Oveja Valladares”, era un preso a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y en esos días hizo uso de la opción para partir al exilio”, contó.
El dato es de interés porque la pareja de este detenido, Nora Valladares, visitó la provincia en ese tiempo para asistirlo en su cautiverio y así trabó relación con otros familiares de presos políticos en aquellos años de extrema dureza para con los militantes populares encarcelados. “Nuestros familiares se jugaban por nosotros los presos, aunque sea con un paquete de yerba, con una pilcha”, rememoró Cossio, visiblemente emocionado.
Sucede que a partir del 6 de mayo de 1976, ya con el golpe de Estado consumado, las condiciones de detención se complicaron aún más: “A partir de esa fecha, estuvimos incomunicados, sin visitas, nos quitaron las radios, nos suspendieron los diarios, no podíamos escribir ni recibir cartas, absolutamente aislados”, relató. Al poco tiempo, Nora Valladares sería a su vez secuestrada y sometida a gravísimos vejámenes en la Brigada de Investigaciones. Con estos datos, finalizó la declaración del testigo y la causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves.
