El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la detención de Emilio Parodi, el exgerente de Recursos Humanos de Molinos Río La Plata durante la dictadura. Lo acusa por secuestros y desapariciones ocurridos entre 1976 y 1978 en la planta de la agroindustrial que funcionó en el distrito de Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires.
La investigación sobre la responsabilidad de los jerarcas de Molinos Río de La Plata –perteneciente al conglomerado Bunge & Born– en crímenes de lesa humanidad se inició en 2013 con una denuncia que presentaron hijos e hijas de obreros desaparecidos. En 2015, el Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación sobre los trabajadores secuestrados. Para entonces, la fiscalía de La Plata había participado en allanamientos con la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), que analizó los documentos producidos por la empresa y mostró que detrás de los secuestros y las desapariciones estaba el interés económico de los empresarios.
En 2019, el juez Kreplak llevó adelante una inspección ocular en la planta de Avellaneda, que está ubicada en la vera del Riachuelo. La medida había sido impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que, desde 2014, interviene como querellante en la causa. En 2021, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata pidió que lo llamaran a indagatoria.
Parodi aparece mencionado en múltiples declaraciones. Se lo señala como quien funcionaba como nexo entre los vigiladores de Molinos –conocidos como “bomberos”– y las fuerzas armadas o de seguridad, responsables de las privaciones ilegales de la libertad. Según los testimonios de los trabajadores, Parodi era quien entregaba las listas o presionaba a aceptar indemnizaciones a quienes estaban “marcados”.
Kreplak ordenó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuviera en su domicilio de Vicente López y que lo trasladara hasta La Plata para indagarlo. La detención se produjo pasadas las 10 de la mañana en su vivienda de la Avenida Maipu. Por tratarse de una jurisdicción ajena a la competencia de Kreplak intervino también la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro.
GUGLIELMINETTI, SIN EXCARCELACIÓN
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la excarcelación que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le había otorgado al exagente del Batallón de Inteligencia 601 Raúl Guglielminetti en la causa que lo condenó a diez años de prisión por la persecución a los empresarios de los grupos económicos Chavanne-Grassi durante la última dictadura.
El año pasado, el TOF 5 le había concedido la libertad en ese expediente a Guglielminetti, que no tenía efecto porque el represor sigue a disposición de otros tribunales. Sin embargo, después de la oposición de la fiscalía y las querellas, la Sala IV de la Casación declaró que la resolución tenía vicios que la convertía en nula. Los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Alejandro Slokar indicaron que el TOF 5 debió haber unificado la pena de Guglielminetti con las otras que arrastra antes de evaluar el pedido de la defensa y no haberlo hecho mecánicamente.
Slokar apuntó que los jueces deben prestar atención a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) antes de resolver excarcelaciones de criminales de lesa humanidad.
