El presidente, Alberto Fernández, presentó ayer el proyecto de Reforma Judicial que incluye la unificación del fuero federal porteño con el Penal Económico para crear el Fuero Penal Federal de la Capital Federal y crea 23 nuevos juzgados e impulsa la investigación en manos de los fiscales.
Fernández recordó sus palabras en la última apertura de sesiones para decir «nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno» y fue especialmente crítico a las decisiones tomadas por la gestión macrista, además del daño hecho al Poder Judicial durante la dictadura militar y el gobierno menemista. «Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para poder tener un mejor Estado de derecho».
«En los cuatro años que precedieron estuvieron signados por reglas que afectaron las reglas de imparcialidad», señaló en alusión a la gestión macrista y enumeró, entre otros, el decreto 257, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal y que «la AFI volvió a quedar bajo un manto de sospecha a permitirse una vez más el manejo de fondos reservados y participar de pesquisas judiciales».
Y recordó cómo «con el devenir de los días se incrementó el cuestionamiento a jueces y la manipulación a otros que respondieran al poder de turno se volvieron orden del día».
El primer mandatario presentó la iniciativa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, acompañado por el Consejo Asesor.
El proyecto, cuyo principal objetivo es mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico, ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo parlamentario.
Fernández comenzó a explicar las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.
El presidente sostuvo que el proyecto se propone «organizar mejor la justicia federal y superar la crisis que afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal».
La iniciativa crea la Justicia Federal Penal con asiento en a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional y el fuero Penal Económico y Penal Tributario. En lo sucesivo, una de las dos secretarías que tienen actualmente, se convertirán en secretaría de nuevos fueros para alcanzar 46 juzgados federales.
Al respecto, el presidente destacó que «la totalidad de los juicios en cursos quedarán en jurisdicción de los jueces que actualmente le estén tramitando» y, en otro tramo, aseguró: «Buscamos superar que el poder decisorio se reduzca a un pequeño número de magistradas y magistrados, que en la actualidad tienen la posibilidad de conocer y decidir sobre la mayoría de las causas con relevancia institucional y mediática». (Fuente: Página 12).
