Mientras que el escenario mediático y el quehacer del Gobierno nacional parece abocado mayormente a los vaivenes del dólar, la escalada del riesgo país que no cesa de marcar récords y el desembolso o no de una nueva partida del Fondo Monetario Internacional (FMI), otra crisis transcurre en la periferia de las finanzas, a la altura de la calle: el hambre que castiga a cientos de miles de familias.
En ese sentido, cobra relevancia el Índice Barrial de Precios, realizado por el Isepci Chaco en los barrios del Gran Resistencia y Sáenz Peña, que arrojó que en julio de 2019 una familia necesitó $11.154 para llegar a cubrir los alimentos básicos. En cuanto a la Canasta Básica Total, que incluye productos y servicios no alimenticios, una familia de cuatro integrantes necesitó $27.996, llegando a un incremento interanual del 54,07 (más información sobre este tema en página 6).
Por otra parte, las nuevas rondas de devaluación del peso empujaron por arriba del 4 por ciento y hasta el 5 por ciento las expectativas de inflación para agosto. También, se eleva fuertemente el piso para septiembre y los meses que siguen, con lo cual la inflación anual sería superior al 50 por ciento. Así, el Gobierno terminará el año con 30 puntos de inflación por encima de la pauta del 23 por ciento establecida en el Presupuesto 2019.
Para afrontar esta situación, se convocó a nivel nacional una marcha de movimientos sociales, con la consigna «Urgencia para enfrentar el hambre». En Buenos Aires, hubo una multitudinaria concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social y un pedido de al Gobierno de refuerzos en el envío de alimentos a los comedores y suba el salario social complementario, entre otras medidas de protección frente a la inflación.
La capital chaqueña también adhirió a la jornada de lucha, con una movilización de organizaciones sociales y sindicales, encabezada por el Triunvirato de San Cayetano, que integran la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Aquí, además del reclamo del aumento del Salario Social Complementario, se demandó la convocatoria al sector de la economía popular al Consejo del Salario y la implementación de una ley de emergencia alimentaria. Cabe acotar que se espera que mañana se realice la postergada convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde los trabajadores de la economía popular no discuten el salario social complementario, tal como lo hacen los trabajadores formales.
RESISTENCIA, EN MARCHA
Luego de concentrar en la plaza de España y pasar por el mástil central de la avenida 9 de Julio, las organizaciones se movilizaron a la Casa de Gobierno, donde se realizó una ronda de oradores de referentes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTA, entre otras. Luego de denostar “la brutal devaluación del gobierno de Macri y su persistencia en seguir haciendo pagar al pueblo las consecuencias de su desastrosa política económica y social”, se enumeraron una serie de reclamos concretos; el aumento del salario social complementario en la misma proporción que el salario mínimo, vital y móvil, en un 50%; la convocatoria al sector de la economía popular al Consejo del Salario; el aumento del 40 % de las partidas para meriendas y almuerzo de los comedores; un bono de $2.000 a trabajadores de la economía popular; el cese de las suspensiones de los programas laborales; y la ley de emergencia alimentaria y prórroga de la emergencia social (sancionada en 2016 y que vence este año). También, se reclamó un aumento extraordinario para las jubilaciones y pensiones mínimas.
EMERGENCIA ALIMENTARIA
En declaraciones a elDIARIO de la Región, Johana Duarte, referente del Movimiento Evita y flamante candidata a legisladora por el Frente Chaqueño, indicó: “La de hoy fue una convocatoria masiva en Buenos Aires, pero también en Resistencia, expresando en unidad las demandas que entendemos deben ser planteadas por la situación desesperante que vive el sector de la economía popular. Las medidas deben ser urgentes, porque la crisis económica en la que nos sumergió el Gobierno nacional no pueden esperar. Los comedores no dan abasto, las partidas son insuficientes. Se necesita un abordaje integral”.
Por otra parte, destacó la necesidad de prorrogar la emergencia social y remarcó que la actividad de las organizaciones actuó “como un colchón ante las corridas bancarias que se llevan millones de dólares, que son impulsadas por el Gobierno nacional y golpean a los sectores populares”.
Por su parte, Belén Rodríguez, de la CTA de los Trabajadores, que adhirió a la movida, comentó a este medio: “Desde la CTA, adherimos a esta movida y a todas las que impliquen una mejora en la calidad de vida de las familias trabajadoras, tan castigadas por el ajuste macrista”. Además, destacó “la realización (mañana) del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde los trabajadores de la economía popular no discuten el salario social complementario tal como lo hacen los trabajadores formales; por ello, la intención de incluir una solución que los contemple, y de lograr que la ley de emergencia social que vence en diciembre se prorrogue”.
