La provincia, desde 2022 tiene un protocolo que regula la utilización de dispositivos móviles para personas privadas de su libertad, ahora, legisladores aprobaron una norma mucho más restrictiva.
A través de la ley Nº 3794-J, el Poder Legislativo aprobó la limitación del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La normativa fue promovida por el diputado Livio Gutiérrez y apoyada por legisladores de la bancada opositora, así como también de otros espacios políticos como el CER, Frente Integrador e, incluso desde el mismo peronismo. Votaron en contra Teresa Cubells y Rodrigo Ocampo, mientras que Mariela Quirós, Nicolás Slimel, Hugo Sager y Claudia Panzardi votaron en abstención.
La misma establece que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos, se instalarán teléfonos públicos, los que deberán ser programados para reproducir al inicio de cada comunicación un mensaje pregrabado en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada.
Tal como la exponen, la norma sería contraria al Protocolo presentado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia en el que se contempla el uso de celulares, laptops, tablets con el objetivo de facilitar el contacto con familiares, el desarrollo educativo y cultural, y el acceso a información sobre su situación procesal, así como también una comunicación constante con su defensor oficial o particular para acceder al derecho a una defensa eficaz, tal como lo establecen los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos a los que Argentina está adherida.
Desde 2022, para la utilización de celulares dentro de las cárceles, el protocolo aprobado establece que los dispositivos deberán estar registrados y que cualquiera que cometa un delito, se le retira el aparato.
REPUDIOS
Tras la aprobación de la normativa, Kevin Nielsen, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, organismo impulsor de políticas de derechos humanos para la protección de personas privadas de su libertad alertó que “nos encontramos articulando estrategias en conjunto con la Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Chaco, evaluando las alternativas y cursos de acción. Cabe aclarar que la ley, aún no se encuentra en vigencia”.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosh, aseguró: “A la Cámara de Diputados, no cuenten conmigo este 8 de mayo cuando hagan pantomima por la entrega del Premio Mario Bosch contra la violencia institucional. Hoy pasaron a la historia, han hecho ley una de las restricciones más grandes a las personas privadas de su libertad y uno de los pasos más graves en regresividad de derechos”, alertó.
También la legisladora Mariela Quirós advirtió que se trata de una “ley aprobada por capricho e irresponsabilidad”. “Es un proyecto de ley que llega sin informes de ningún organismo, sin datos estadísticos, y sin consultas a organismos técnicos”, expresó.
Ahora, resta saber si el proyecto de ley avanzará en su aplicación o si, el gobernador, haciendo uso de sus funciones, vetará la normativa.
