El cese del programa fue anunciado a través de un mensaje de WhatsApp, recibido por los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes aseguran que dejó a 40 profesionales sin empleo y puso en riesgo cientos de puestos de trabajo adicionales.
Este programa, que se remonta a la Presidencia de Carlos Menem, era una pieza fundamental en la garantía de soberanía y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.
Desde su creación, se implementó por el hoy rebautizado Ministerio de Capital Humano (anteriormente Desarrollo Social) y el INTA. Su impacto se ha observado a lo largo y ancho del país, facilitando el acceso a los mercados para agricultores familiares, proporcionando créditos para la producción, llevando agua potable a comunidades remotas y promoviendo la agricultura agroecológica.
Uno de los aspectos más destacados del programa ha sido su apoyo a la instalación de huertas y granjas agroecológicas, con más de 630 mil huertas y 130.000 granjas en todo el país. Estas iniciativas no solo proveen alimentos saludables a más de 3.5 millones de personas, sino que también fomentan una comercialización justa y directa que beneficia tanto a productores como a consumidores.
El alcance del visionario programa, trascendió las fronteras nacionales, siendo replicado con éxito en países como Haití bajo el auspicio de la ONU y el apoyo de la Cancillería argentina.
La decisión de desfinanciarlo ha dejado en la incertidumbre a miles de familias productoras en todo el país. Ejemplos concretos de su impacto pueden encontrarse en regiones como el Delta del Paraná, donde se instalaron plantas potabilizadoras y se apoyó a más de 2000 unidades productivas, o en comunidades como Juella, en Jujuy, donde se garantizó por primera vez el acceso al agua.
La interrupción abrupta representa no solo la pérdida de un programa emblemático, sino también un golpe al desarrollo rural integral y sostenible. Desde la promoción de técnicas agroecológicas hasta el fortalecimiento de proyectos productivos y el acceso al agua, PROHUERTA ha sido un pilar fundamental en la construcción de comunidades más resilientes y autónomas.
En un momento en el que la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible son más importantes que nunca, la discontinuación de políticas públicas como ProHuerta, representan un paso atrás en la lucha contra el hambre y la desigualdad. La falta de evaluación y mejora de dichas leyes demuestra un preocupante abandono por parte del Estado en sus responsabilidades más básicas.
