La Provincia

Rey y Lugo fueron procesados y embargados por $50 millones

La jueza Federal del juzgado N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey y al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, y les trabó un embargo por $50 millones.

Se trata de la causa “Lavado I”, donde investigan presuntos hechos de corrupción cometidos en el Gobierno provincial. La acusación de Patricio Sabadini, fiscal federal, detalló que Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”.

Esta actividad era realizada conjuntamente con el contador Gustavo Katavich, personal de la Fiduciaria del Norte SA. y a quien Rey habría afectado a la coordinación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo).

En este entramado aparece el exsubsecretario de Comunicación y Medios, Paulo Buttice, quien aparentemente disponía la función de certificación de los servicios prestados, que realizaban con carácter previo al pago de la pauta.

 

ROBERTO LUGO

Con respecto a Lugo, Sabadini expuso que habría logrado un vínculo con Varela, Retamozo y Real Comercializadora SRL (polirrubro a nombre de Varela) negociando ilícitos por millones de pesos que incluyeron presuntos sobreprecios y cobros de retornos ilícitos, mediante la contratación de los mismos como proveedores polirubro del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco desde el 2014 en adelante, periodo en el que Lugo se desempeñaba como ministro.

Asimismo, Varela fue proveedora unipersonal de dicho Ministerio bajo el nombre de fantasía “Proveeduría Sol”. En este marco, se apunta a estas personas debido a su “crecimiento patrimonial considerable”, vinculándose en una etapa posterior, como socios y presuntos testaferros de Lugo, quien también habría incrementado su patrimonio de manera incompatible con sus ingresos.

 

 

IMPLICADOS

Junto a Rey y Lugo, se procesó con prisión preventiva y por un embargo similar al responsable del Fappo, Gustavo Katavich; al excoordinador del Programa Argentina Trabaja y mano derecha de Lugo durante su gestión en Desarrollo Social, Ricardo Ariel Retamozo; a la esposa de Lugo, Monica Yaczuk; a la pareja de Retamozo y presunta testaferro de Lugo y Rey, Claudia Varela, y al presunto creador de fundaciones apócrifas y supuesto gestor de retornos ilícitos, César Zibecchi.

Todos los procesados están acusados de los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad y ser miembros de una banda delictiva.

Por su parte, Rey, Lugo y Katavich tienen además el agravante de haber sido funcionarios públicos en ese momento. Por otra parte, tanto Yaczuk como Varela recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

 

FALTA DE MÉRITOS

Asimismo, Niremperger dictó la falta de mérito para tres personas: la esposa de Rey y exsecretaria privada del gobernador, Susana Fernández; el hermano de Rey, Hugo Rey, y el dueño de la agencia de publicidad Brandon, Facundo Gil.

 

FIRMAS

En cuanto a Yaczuk, la acusación apunta a los negocios que realizó con el Estado. La razón social Finza S.A., cuyo presidente era justamente Yaczuk y la empresa Intranea SA, integrada por Lidia Clara Kyocapumisz (madre de Yaczuk y suegra de Lugo) como presidente, y Silvia Simcik, habrían operado como “proveedoras polirubro” del Ministerio de Desarrollo Social, la primera desde mayo de 2012 a febrero de 2014 y la segunda desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2013 durante la gestión de la Ministro Beatriz Bogado, siendo Lugo Subsecretario de Gobierno y Culto de la Provincia.

Además, se habría constatado que la Finza SA. tiene su domicilio fiscal en la calle Perón, a la altura del 403, donde funciona la juguetería “Identikids”, domicilio que comparte con la razón social Intranea SA. En tanto que se advirtió que en el domicilio de Lugo (Moreno 569, en Resistencia) se encuentran domiciliadas varias personas, entre ellas la razón social Finza SA. y las empresas IBE SA., cuyos integrantes son Carlos Eugenio Lugo y Ana Maria Scavo, Diarpe SA. e Intranea S.A., también proveedoras del Estado provincial.

Finalmente, al contador César Orlando Zibecchi, la fiscalía Federal lo acusa de ser (junto a su hija, Patricia Raquel Zibecchi) quien habría desempeñado un rol fundamental en la creación de fundaciones apócrifas y en el circuito de cobro de los pagos que el Fappo libraba a estas fundaciones.

Además, se lo acusó de ser el presunto gestor del “retorno ilícito” de dichos fondos. (Fuente: Chaco Día por Día)

 

ISMAEL FERNÁNDEZ SE ENTREGÓ

El coordinador de la Unidad Ejecutora “Chaco construye”, Ismael Fernández, se presentó ayer ante Justicia provincial, quedando inmediatamente detenido.

La Justicia lo había declarado “prófugo”, porque gozaba de libertad condicional con la obligación de presentarse todos los viernes, pero hacía dos semanas que no cumplía con el llamado de la Justicia.

El equipo fiscal de la Provincia (conformado por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba) comunicó a los medios que entre esta mañana y el lunes se realizará una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la causa, la cual sería realizada en el edificio de la Procuraduría General.

 

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

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