La medida se formalizó a través de la resolución de la Secretaría de Energía 7/2024, publicada en el Boletín Oficial, con el propósito de «corregir progresivamente los desfases generados por 20 años de subsidios», qué sólo en el sector representaron un déficit al Estado que estimó en US$ 104.764,8 millones.
El mantenimiento de los subsidios para los niveles 2 y 3 (en este último caso para los consumos que no excedan los 400 kilovatios hora -kwh- mensuales) se resolvió «para evitar impactos bruscos en los costos del servicio» y continuará «hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor», una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética.
Por el momento sigue como válida la segmentación determinada en junio de 2022, en base a una serie de consumos y bienes patrimoniales y la referencia de un valor equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La Secretaría de Energía planteó en los considerandos de la resolución que las administraciones anteriores «no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema que debía ser abonados por los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
«Esta falta de reconocimiento no ha sido una medida puntual, o acotada en el tiempo para superar crisis o situaciones excepcionales, sino que ha respondido a una política del Estado nacional de no transparentar los costos reales del suministro eléctrico», indicó.
