Septiembre es un mes particularmente trágico para la historia argentina. El día 6 de este mes, del año 1930, se produce el primer Golpe Cívico-Militar. El día 16, pero de 1955, un nuevo acto de fuerza pondrá fin a otro gobierno constitucional. El derrocamiento de Irigoyen estuvo precedido por una sistemática campaña de desprestigio en los medios de prensa, dedicados a limar su credibilidad. Fue acusado de “corrupto”, lo obligaron a renunciar y, tal vez por el hecho de haberle saqueado la casa, cuando lo arrestaron fue llevado detenido a la Isla Martín García. Según nos informa un tweet de la “UCR-CABA”, la detención tuvo lugar “el 29 de noviembre (de 1930). En 1933 fue liberado, con 79 años de edad y su salud muy deteriorada. Falleció ese mismo año”. Una vez acometida la deposición del líder de la UCR, se hace cargo de la Presidencia el general fascista José Félix Uriburu. El día 10, con encomiable ubicuidad, la “Corte Suprema de Justicia de la Nación” emite una célebre y bochornosa “Acordada”. Por medio de este Acto Jurisdiccional el “Cimero Tribunal de la Nación” va a convalidar el violento derribo del segundo mandato de Irigoyen, abriendo las puertas, así, a sucesivas interrupciones antidemocráticas que se sucederán a lo largo del Siglo XX. Es interesante detenernos en uno de los exquisitos argumentos que utiliza la Corte para validar la consumación del Golpe. Dice, textualmente, así: “Que, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y policial derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”.
Conforme se desprende del texto, los Cortesanos entienden que los NO-Ciudadanos (“personas” a quienes con refinamiento se despoja de sus derechos políticos) carecen de aptitud para esgrimir judicialmente defensa alguna contra la usurpación violenta del Poder, puesto que, precisamente, el “Gobierno Provisional” que acaba de constituirse cuenta con “la posesión de la fuerza como resorte del Orden y de la Seguridad”.
La Corte abdica vergonzosamente de una de sus pretendidas funciones “supremas” –consistente, justamente, en garantizar la supremacía constitucional-, y, en lugar de ello, pasa a otorgarle preeminencia a la mera posesión del “resorte” bélico. El Máximo Organismo del Poder Judicial desapodera y abandona a su suerte a todos los “ciudadanos”; y, en especial, a uno de ellos: Hipólito Irigoyen. Con este acto inaugural, la instancia culminante del Derecho en la República Argentina arrima su propio oprobio al inicio de lo que luego se conocería como “La Década Infame”. Infamia jalonada, entre otras linduras, con circunstancias como las que siguen: la disolución del Congreso; la instauración de la Pena de Muerte; la intervención de las Provincias; la prohibición del Derecho de Huelga; el fraude electoral; la proscripción política; el arresto y la persecución contra centenares de dirigentes radicales y/u opositores; la proliferación de la picana como instrumento de tortura; el ensañamiento contra las organizaciones obreras; la sumisión Neocolonial bajo la órbita inglesa merced al “Pacto Roca-Runciman”; y suma y sigue.
A la postre, el decisorio de la Corte accederá a las cúspides celestiales y eutrapélicas de la teoría jurídica con el nombre de “Doctrina de los gobiernos de facto”; denominación donde queda adecuadamente diluido “el barro de la historia” con que adviene impregnado. Mientras eso ocurre en el cielo de la Academia del Derecho, en el espacio terrenal, en sus capilaridades más microfísicas, tal “criterio jurisdiccional” culminará de resolver su eficacia en las terminalidades eléctricas de la picana.
A propósito, un insospechado de populismo como Federico Andahazi le contará a Alfredo Leuco en un programa de “Radio Mitre” que: ‘Polo’ Lugones, el hijo del escritor Leopoldo Lugones, “cuando era inspector de la policía, inventó la picana eléctrica”. Que Leopoldo Lugones “participó activamente de la dictadura, defendió y promovió la tortura, el encarcelamiento y el espionaje a los opositores al régimen militar de Uriburu”. Y dará cuenta, además, del “clima de opresión y vigilancia” que se vivía bajo ese régimen. He allí, pues, todo un clima de época que nos ofrece el escritor Andahazi. (Ver: “Radio Mitre” del 13 de septiembre de 2017).
Ahora bien, el lamentable posicionamiento judicial que comentamos no solamente será suscripto por “los Supremos” de entonces, sino que, además, contará con la rúbrica firme, el sello y acompañamiento de quien, por aquellos tiempos, era el “Procurador General de la Nación”. Y ese “Procurador General” no era otro que “el doctor Horacio Rodríguez Larreta”. Mientras que, como se sabe, por el lado de las FF.AA emergía en ascenso hacia su consagración Presidencial, la figura del dictador Teniente General Uriburu. O sea, de un lado, el circunspecto ámbito de la Ley; del otro, el marcial dispositivo bélico de las FF.AA. En definitiva, antes que “la Ley y el Orden”, lo que nítidamente surge de ese binomio articulado no es más que “La Ley y el LAWFARE”.
Ya es un clásico dentro de la teoría política aquella proposición según la cual “los hechos y personajes de la historia se repiten dos veces: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Tal vez, si reparamos en los apellidos de los personajes históricos que aparecen en el Golpe Cívico-Militar de 1930, podríamos entrever una segunda configuración de esas características: En un caso, tras la pulsión represiva de una policía “con todo ese montón de equipaje en las manos”: bastones, gases, municiones letales, camiones hidrantes, patrulleros, vallas insistentes y filmaciones ilegales para todos todas y todes. Por otro andarivel pero en simultánea concurrencia, un jugador del Partido Judicial que opera su destreza siempre con la cancha inclinada a favor de “Liverpool”, en la casa de uno de los dueños de la pelota. Y en el espeso trasfondo de todo el proceso social, brindándole consistencia a la prolongada secuencia histórica, una misma y furiosa pasión: la restauración oligárquica y la proscripción de las mayorías populares.
¿Será que “el pasado conquista nueva fama”, como cantaba Silvio Rodríguez? ¿Estaremos, acaso, ante esas “noticias de ayer, ¡extra!, ¡extra!”, a las que también supo cantarle el Indio Solari? (No hace falta que nos contestes, Indio querido, ya hiciste más que suficiente al ponernos hermosas “banderas en el corazón…”).
