Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), repudiaron la decisión del juez del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, a cargo de la ejecución de la pena del genocida Horacio Losito, al considerar que el citado represor puede visitar cuarteles militares, tal como lo hizo a fines de marzo al Regimiento de Infantería de Monte 30 de Misiones.
Losito es uno de los militares condenados por la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976 en Chaco, condenado también por la comisión de torturas a presos políticos en centros clandestinos de Corrientes, causa RI9 y causa Séptima Brigada.
“Este tipo de actividades implican un grave retroceso para el Ejército democrático de nuestro país, que nada le debe a los criminales del terrorismo de Estado, que mancharon el uniforme con los crímenes cometidos, las torturas, el asesinato y desaparición de personas indefensas”, expresaron desde la CPM Chaco.
Remarcaron además que “este hecho gravísimo no puede desvincularse del momento político que atraviesa el país, bajo el gobierno del presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, notoria defensora de genocidas”.
Losito fue agregado militar de la embajada argentina en Roma hasta que una carta de Mirta Clara (exdetenida y viuda del asesinado Néstor Sala) al presidente, Néstor Kirchner, significó su caída en desgracia.
Poco después fue condenado a 25 años de prisión en la causa Regimiento de Infantería 9, en Corrientes, por torturas en el centro clandestino que funcionó allí. Por los testimonios de los sobrevivientes se supo que participó en allanamientos y en interrogatorios bajo tortura, junto con el genocida Juan Carlos De Marchi, apodado “el electricista” por su destreza en el manejo de la picana.
El 16 de mayo de 2011, Losito fue condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, como se denomina al fusilamiento clandestino de un grupo de detenidos y detenidas por razones políticas, maniatados y severamente castigados luego de haber sido torturados durante varias horas en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, a unos 30 kilómetros de Resistencia, camino a Formosa. En 2023, otra vez en Corrientes, fue condenado a 25 años de prisión por torturas en la causa por la VII Brigada de Infantería.
Desde abril de 2020, estaba en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió durante la pandemia. Según el cómputo que practicó el Poder Judicial, el 10 de noviembre ya estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional porque había completado los dos tercios de su sentencia –gracias también a que se le redujeron diez meses de reclusión por los cursos que hizo mientras estuvo preso.
OTRA VEZ IGLESIAS
La CPM apuntó contra Iglesias y recordó que es el mismo magistrado que en febrero de 2017 concedió la prisión domiciliaria al genocida Gabino Manader, uno de los torturadores emblemáticos de la ex Brigada de Investigaciones, con varias condenas por crímenes de lesa humanidad a cuestas y señalado por multitud de sobrevivientes como uno de los “jefes” de la represión en organizada en torno al centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones.
RETROCESO GRAVE
“Remarcamos que las FFAA incurren en una clara violación de la responsabilidad asumida por el Estado Argentino frente a la comunidad internacional dado que subsiste el compromiso de persecución y sanción adecuada de los crímenes de lesa humanidad, el que no se agota en la obligación de investigar y condenar, siendo necesarios que los autores cumplan las penas impuestas en su totalidad para garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad”, sostuvieron desde la Comisión a través de un comunicado.
Reiteraron así el rechazo a “este beneficio por la particularidad de los delitos por los que fue condenado Losito y por la falta de arrepentimiento que desde siempre manifestó. Todo esto implica un paso atrás en el camino de reparación integral a víctimas del terrorismo de Estado”, reclamaron.
