El decreto Nº 1.302, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, anula el proyecto de ley Nº 27.344, que había recibido sanción del Senado el 30 de noviembre pasado, que había declarado "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al edificio del hotel Bauen, lo que generó un inmediato rechazo de distintos sectores que apoyan a la cooperativa de trabajadores que lo gestiona desde la crisis de 2001.
"La verdad que aducir que es para un grupo determinado y en perjuicio del Estado es totalmente injusto y no se corresponde con la realidad, porque muy bien decía la ley, aprobada por amplia mayoría, que era para saldar deudas que los dueños originales del hotel habían tomado con el Banco Nacional de Desarrollo", sostuvo Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), en diálogo con ámbito.com.
Por su parte, el diputado nacional del Partido Solidario y aliado al Frente para la Victoria, Carlos Heller, uno de los promotores de la expropiación, calificó como "burda mentira" argumentar "que el Estado va a gastar $ 30 millones para esos trabajadores". "Primero, que el valor del inmueble no se sabe, lo debe fijar el Tribunal de Tasación. Y segundo que el Estado compra el inmueble, hace una inversión patrimonial. No hay un deterioro porque sale el dinero y entra el bien. En todo caso se lo dan a la cooperativa en comodato, pero para un fin determinado en la ley. No pueden hacer lo que quieran. Son contraprestaciones y si la cooperativa no lo hace, el Estado se lo puede sacar", aseveró en diálogo con este medio.
Entre los fundamentos, el decreto señala que "la administración de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad con los fines públicos y apegada a los principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, mientras que las obligaciones -que derivan de la ley- resultarían sumamente gravosas para el Estado".
El texto sostiene además que se estaría "favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general".
Heller coincidió en que "era esperable" la decisión porque "el Gobierno dijo que no era un proyecto que iba a apoyar. La experiencia es implacable: con el Bauen o para cambiar un ministro, lo hacen con precisión quirúrgica. Pero hasta tienen mal gusto, porque mantuvieron en vilo a un montón de gente, dejaron crecer la expectativa y era una decisión ya tomada. Una vez más muestran su insensibilidad".
"El veto también tiene un valor simbólico porque fue una muestra del fin de la crisis del 2001, donde se juntaron los trabajadores excluidos para salir adelante. El Bauen es un ejemplo emblemático de eso. Quieren enterrar la ley para mostrar un fracaso del trabajo de todos estos años", agregó.
Como el veto es "en su totalidad", la ley retornará al Congreso para que los diputados y senadores vuelvan a analizar el texto completo.
La opción para la cooperativa, formada por unos 150 trabajadores y que administra hace 15 años el tradicional hotel situado en las avenidas Callao y Corrientes, será tratar de que alcance los 2/3 de los votos afirmativos. En ese caso, quedará definitivamente sancionada la ley. Pero otro tema que preocupa es una posible orden de desalojo judicial.
EN BUSCA DE LOS DOS TERCIOS
El presidente de la cooperativa del Hotel Bauen, Federico Tonarelli, coincidió en el que veto era un escenario no sorprende a la organización y apeló a la génesis de las autogestionadas. “Nos indigna pero no nos sorprende, pero como cualquier empresa recuperada que nació desde la adversidad, otra vez vamos a sacar el temple y el espíritu de pelea que nos caracteriza”, señaló en declaraciones radiales.
Respecto de lo que viene señaló que mañana realizarán en el hotel el tradicional brindis de fin de año juntos con actores sociales, políticos y sindicales que ahora tiene otro cariz además del festivo porque servirá para empezar a pergeñar el plan de lucha de los próximos meses.
“Vamos a iniciar una gran campaña para lograr el acompañamiento de los legisladores y reunir los dos tercios en ambas cámaras, porque entendemos que se trata de encontrar una solución a un conflicto jurídico que lleva 14 años y que el presidente (Mauricio Macri) hizo añicos en un segundo”, sostuvo.
Consultado acerca de lo que ocurrirá en el corto plazo, habida cuenta que la cooperativa cuenta con orden de desalojo en medio de una feria judicial, Tonarelli señaló que en estos años la jueza que entiende en la causa actuó con “prudencia” y nada hace pensar que se avance con el abandono del inmueble.
“No creo que haya novedades en enero, sería llevar el conflicto a un nivel de locura e irracionalidad por lo que apelamos a la buena voluntad de la jueza”, expresó y avizoró que para febrero, cuando se reanude la actividad judicial, estima que habrá un llamado de la magistrada tanto a la cooperativa como al titular del edificio para buscar una vez más alcanzar un acuerdo.
