El Gobierno desreguló mediante el decreto 302/2024, las tarifas de telefonía celular, internet y cable, para lo cual reemplazó y derogó algunos artículos de la Ley Argentina Digital 27.078. ¿Qué implica esta medida? Se trata de una nueva avanzada contra el bolsillo de la población, que queda en desventaja ante la libertad de las empresas del sector para definir nuevos aumentos sin ningún tipo de regulador estatal que frene, autorice o defina los nuevos montos (lugar que ocupaba el Enacom antes de la intervención y el desguace llevado a cabo por la actual gestión).
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, indica la nueva normativa del Gobierno.
La medida se da luego de que el ministro de Economía Luis Caputo, «acusara» a las prepagas de atacar a la clase media con sus aumentos desmedidos. La paradoja de su acusación es que fue el propio Gobierno el que creó y habilitó en diciembre, mediante el DNU 70/2023, los aumentos de las prepagas.
De ahora en más, serán los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) quienes podrán definir los precios que, según establece el decreto, «deberán ser justos y razonables para la ciudadanía».
La Ley Argentina Nacional cumplió un rol fundamental al declarar de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados. A través de esa normativa, se buscó permitir el acceso a la totalidad de los habitantes del país en condiciones geográficas y sociales equitativas «con los más altos parámetros de calidad».
