El Interior

Se agrava el conflicto entre indígenas y criollos por 10.000 hectáreas en Miraflores

Pablo Denerdi, docente bilingüe y traductor de las comunidades nativas de la zona comentó a elDIARIO de la Región los pormenores de un conflicto que se agravó en los últimos dos años, pero inició hace más de 89 años. Las comunidades afirman que los lotes les corresponden desde 1930. Sin embargo, un grupo de 24 criollos lleva adelante una serie de denuncias judiciales por la ocupación de sus campos. Darío Rojas, uno de los denunciantes, aseguró que “la Justicia no les garantiza los derechos básicos de propiedad” y relató a este medio que “la situación en su lote lleva meses sin resolver”.

Mientras tanto, el gobierno provincial, lleva adelante una Mesa Inter-Estado, que conjuga el trabajo de los tres Poderes del Estado y el Municipio de Miraflores.

Criollos y nativos llevan más de una década de conflicto territorial por más de 10 mil hectáreas en la zona de Colonia, La Florida. Las denuncias cruzadas y agresiones se agravaron en los últimos meses. Darío Rojas, uno de los propietarios denunciantes y Pablo Denerdi, docente bilingüe y traductor de las comunidades indígenas, expusieron los puntos más relevantes del cruce que parece no tener una solución a corto plazo, aunque deben definir sus requerimientos a una propuesta del gobierno provincial que viene mediando en el conflicto con la Mesa Inter-Estado, que conjuga el trabajo de los tres Poderes del Estado y el Municipio de Miraflores.

 

LA VERSIÓN Y DENUNCIA DE LOS PROPIETARIOS

Darío Rojas, uno de los propietarios de los lotes en cuestión, charló con elDIARIO de la Región y expuso los puntos del reclamo criollo. En su relato, Rojas cuenta que es uno de los damnificados del conflicto. Su predio está ubicado a tres cuadras de la comisaría local de Miraflores y fue ocupado a la fuerza hace varios meses. “Rompieron una de las paredes de contención de mi galpón y se ubicaron allí. Primero fue una anciana y luego un discapacitado. Luego llegó otro grupo de al menos 30 indígenas, más que, todavía, acampan en mis tierras. La situación fue muy violenta. Los encargados de mi galpón y yo tuvimos que llamar a la Policía”, detalló y agregó que “le rompieron también la camioneta a ladrillazos. Tuve que pedir intervención porque tenía parte del personal que trabaja conmigo, herido por las piedras”, comentó.

Rojas es empresario de la construcción. Tiene ese lote hace muchos años, pero asegura que tiene el título de propiedad desde 2016. “El instituto de Colonización cedió ese lote al Municipio de Miraflores y ellos me lo vendieron a mí”, resalta.

Asegura también que tiene videos y fotografías que acreditan que las familias aborígenes son instigadas por indigenistas para la ocupación de esos lotes”.

Además, aseguró que también el reclamo tiene inconsistencias legales. “Los aborígenes no tienen ninguna documentación que respalde que la propiedad de esos lotes sean de ellos. Hacen referencia a un acuerdo del año 30 pero no hay nada que lo acredite. El fallo a favor de Leiva es por el lote 88, por eso suponen, también que los lotes siguientes son de ellos por el mencionado acuerdo, sin embargo ningún papel legal sostiene esto”.

“Lo que pedimos es que se cumplan las leyes. Lo piden ellos es una locura. Quieren mover a toda la población criolla del tejido municipal. Y como nadie vela por nuestros derechos decidimos crear el Frente de Criollos Autoconvocados para hacer justicia”, dijo Rojas.

En referencia a la propuesta del Gobierno Provincial dispuesto a mediar en el conflicto, Rojas advirtió que el “acta se inclina mucho a favor de los aborígenes y no tienen en cuenta nuestros derechos”. Aseveró que no se sienten representados y que el presupuesto que se destinará para resolver el problema es de 8 millones por año, “plata que no es suficiente para la cantidad de aborígenes que hay. Estamos hablando de casi toda la población de Miraflores”, graficó. En la reunión, liderada por el representante legal de Gustavo Del Corro, pusieron el eje en la propuesta oficial del Gobierno Provincial, que no es de su agrado ya que aseguran que “no resuelve los conflictos de fondo sino una medida preventiva por los próximos cuatro años. Y en el documento, insistirán en que si las familias indígenas tienen derechos sobre esas tierras, que lo demuestren primero en la Justicia y que luego, si así lo dispone el fallo, ocupen lo que la Justicia disponga”, sostuvo Del Corro en la última reunión.

Por último, apuntó contra Francisco Segovia, Ariel Fernando Sánchez, Nancy Lucía Rojas, Ancelmo Rojas, Florentino Yorki , Emilio Monzón , Pascual Segovia, Santos Segovia, Miguel Angel Loto, Toribio Paz, Fidela Soria, Oscar Soria y Esteban Romero como incitadores e instigadores para las tomas de tierra.

 

LOS ARGUMENTOS DE LOS INDÍGENAS EN EL CONFLICTO

Pablo Denerdi, docente bilingüe y traductor de las comunidades indígenas de la zona realizó declaraciones a elDIARIO de la Región sobre los pormenores de un conflicto que lleva 89 años y que se agravó en los últimos diez.

Conocedor de las lenguas indígenas, Denerdi asegura que el reclamo de las comunidades tiene base histórica. “La propiedad de las tierras que legítimamente se reclaman sientan base en las que fueron dadas en 1930 el gobernador del Territorio Nacional Juan Sammuel Mc Lean y adjudicó por medio de los Caciques Augusto Soria, Juan Alegre y Cabito Leiva a las comunidades indígenas, en el marco del plan de colonización del Nordeste Chaqueño un lote de 10.000 hectáreas como Reserva Indígena, a cambio de que abandonen la zona que hoy es el municipio de Castelli”, recordó y garantizó que “todas las fuentes históricas consultadas dan legitimidad a estos hechos”. Luego “el gobernador, Serrano, saca por decreto el otorgamiento de parte de esos lotes primero y después algunos de los intendentes municipales y gobiernos de turno que no dieron cuenta de los convenios firmados y empezaron a entregar títulos de propiedad dentro de la Reserva Indígena”.

“Las irregularidades continuaron y comenzaron a construir dentro de la Reserva el ejido municipal, de hecho Miraflores, como tal solo existe bajo ordenanza municipal y provincial. En los registros catastrales de la República Argentina y en los archivos de la Nación, figura como reserva indígena”, aseguró.

Cansados de esto, en abril del año pasado las comunidades qom y wichí formaron el Consejo de Recuperación Territorial y decidieron ocupar los lotes que siempre les perteneció: “Donde vivían sus abuelos, de los que incluso hay cementerios ancestrales”, graficó.

En esta línea, Denerdi argumentó que “en el ámbito judicial el último precedente del que se tiene conocimiento, fue la causa de Epifanio Leiva donde la jueza Bergoski ordenó el desalojo de las 400 familias que ocuparon ese lote y tras apelación, el Máximo Tribunal convalidó el fallo».

“Las familias gringas y criollas realizaron 24 denuncias. La única de esas denuncias que llegó a mediación judicial fue la de Ricardo Sosa. Ésta poseía 750 hectáreas y sólo se acreditó la documentación con título de propiedad de 400. Las otras 350 estaban siendo ocupadas de forma ilegal. Por lo cual, el Instituto de Tierras ordenó que se retiren de la misma y, de este modo, familias qom y wichí lograron ocupar hasta hoy esas hectáreas. El Consejo de Recuperación Territorial reclama ahora la devolución de sus 10 mil hectareas”.

Por último, Denerdi, expuso públicamente que durante los últimos tiempos ha sufrido amenazas y actos intimidatorios por indicarlo como uno de los autores intelectuales de las ocupaciones. “Yo soy sólo un traductor, y mi rol es ese en este conflicto. No tengo intereses creados, pero evidentemente tocamos otros de grandes propietarios. Y los indígenas son los que están al frente de este reclamo. No necesitan que nadie les diga que hacer”, sentenció.

 

EL GOBIERNO; DE MEDIADOR

Cabe destacar que recientemente, el presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Walter Ferreyra lideró una reunión con ambos grupos y remarcó que se está trabajando en la difícil tarea de “sortear un reclamo histórico que tienen las comunidades sobre 10 mil hectáreas, y que es de muy difícil solución porque hay cuestiones que ya están consolidadas jurídicamente a lo largo del tiempo pero que ahora generan incertidumbre”.

En el documento entregado a cada una de las partes, se establece que, en caso que la comunidad indígena acepte la creación del tejido municipal, el Gobierno le concedería por medio de compras y expropiaciones los campos lindantes al pueblo y darían solución a quienes sean expropiados con el pago, por mejoras realizadas y campos en otros sitios.

Denardi adelantó que la comunidad indígena vio con buenos ojos esta propuesta. “Siempre y cuando el municipio se sentara con la comunidad a modificar la Carta Orgánica Municipal para establecer preceptos claros sobre las tierras del tejido municipal”.

Sin embargo, Rojas adelantó que aunque el acta acuerdo no los favorezca, seguirán los caminos legales para dar fin al conflicto que parece de difícil solución.

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