Organizaciones internacionales de Derechos Humanos denunciaron que este jueves se cumplen seis años del asesinato a tiros de la activista y concejal brasileña Marielle Franco mientras aún no ha sido identificado el autor intelectual. Fue asesinada el 14 de marzo del 2018.
De acuerdo con medios locales, los ex policías Élcio de Queiroz y Ronnie Lessa permanecen en prisión como principales sospechosos del crimen cometido en Río de Janeiro contra la concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Por su parte, el Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó que otro acusado, el ex bombero Maxwell Simões Corrêa, acuda a los tribunales para responder por los hechos cometido en 2018, cuando también fue asesinado el conductor de Franco, Anderson Gomes.
Según la Fiscalía, Simões Corrêa siguió la rutina de la víctima mientras también ayudó a desmantelar el coche empleado para cometer el crimen.
«Corresponde a la policía involucrada y al Ministerio Público garantizar que las pruebas lleguen al Tribunal del Jurado de manera consistente”, señaló la activista brasileña Jurema Werneck.
En este sentido, destacó que tras seis años de haberse cometido el asesinato el mundo espera una respuesta para determinar el ejecutor, el autor intelectual, así como la causa.
“También esperamos que las autoridades de Río de Janeiro y Brasil, tomen medidas para que esto nunca vuelva a suceder. Que no tengamos que esperar tanto y que no tengamos que vivir en un país donde es muy peligroso para todos los que luchan por los derechos”, apuntó.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Desde Amnistía Internacional advirtieron que si bien los supuestos autores materiales están tras las rejas, se desconoce quién ordenó el homicidio y cuáles fueron los motivos por los que la entonces concejala fue ejecutada.
Según un informe divulgado por la ONG, entre los seis errores principales que fueron cometidos por las autoridades destacan la demora en la solución del caso.
También resaltaron la falta de control de armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden -como la subametralladora HK MP5 que mató a la concejala- y la obstrucción de las investigaciones por parte de funcionarios y policías.
Otros de los errores señalados fueron los constantes cambios de los responsables de las indagaciones, la falta de garantías para que los familiares tengan una participación efectiva en las investigaciones y las fallas del Estado para brindar protección a los defensores de derechos humanos.
«Después de los crímenes, hemos sido testigos, durante los últimos seis años, de numerosos fracasos e intentos de obstrucción de las investigaciones, muchos de ellos realizados por agentes públicos», señala el informe de AI.
Para la ONG, todos los responsables de estos hechos deben ser identificados y sancionados, pero además se deben tener en cuenta una serie de «recomendaciones urgentes» para evitar que se repitan crímenes como el de Marielle Franco y las fallas que se han visto durante el proceso.
Garantizar que todos los involucrados en el crimen sean identificados y juzgados en «juicios justos» encabeza la lista de acciones sugeridas por la ONG, que también defiende el control eficiente de la producción, importación y venta de armas y municiones.
AI propone, además, que haya una fiscalización externa de la actividad policial para combatir la corrupción, así como la participación de observadores internacionales independientes que garanticen investigaciones imparciales.
Finalmente Amnistía Internacional resalta la importancia de que las familias tengan acceso «al derecho de participar en las investigaciones» y le pide al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva implementar un programa de protección a defensores de los derechos humanos, comunicadores y ambientalistas, en todo el país. Fuente: Telesur y Página 12.
