En ese marco, el Comité Provincial de Torturas y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes recordó los hechos que terminaron en su muerte.
Ese día a la tarde, el Movimiento había realizado un corte de ruta. Aproximadamente, a las 20 lo levantan y en ese momento las fuerzas de seguridad inician una feroz represión que incluyó persecuciones monte adentro de niñas, niños y mujeres.
Estos hechos ocurrieron sin que exista orden de detención y sin que se verifiquen supuestos de flagrante comisión de delito que autorice a “proceder sin orden”. Es decir que los funcionarios policiales actuaron ejerciendo abuso de sus funciones previstas por la ley y mediando violencia innecesaria y desproporcionada.
En esas circunstancias, Ángel Verón es interceptado por agentes de la comisaría 4ª de Resistencia, COE y de la Policía Montada e Infantería. Los policías le propinan patadas, agarrándolo de los pelos y pegándole la cabeza contra el suelo, le colocan las esposas y lo conducen hasta el patrullero que estaba en la ruta, donde continúan golpeándolo, momento en el que exclama un grito desgarrador.
Desde ese momento no se supo nada de él hasta el otro día que lo encuentran internado y esposado en la terapia intermedia del hospital Julio C. Perrando, produciéndose su fallecimiento el 19 de octubre con la siguiente historia clínica: – lesión abdominal; evisceración con lesión de intestinos; disfunción multiorgánica; shock séptico.
Asimismo, existieron otros delitos conexos como ser allanamiento ilegal de morada, violación de los deberes de funcionario público, omisiones de cumplimiento de protocolos médicos en caso de muerte traumática o dudosa, encubrimientos y falsedades instrumentales que formaron parte de una trama de impunidad que se pretendió garantizar. Muestra de esto es la inserción de una falsa causa de muerte “por enfermedad” en el acta de defunción.
Con las pruebas existentes (historia clínica de Ángel Verón, certificado de defunción, informe preliminar de autopsia, más las que se fueron produciendo por el órgano investigativo) el Comité de Prevención de la Tortura, otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPTCh) se constituyó como querellante en la causa "FERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA S/ APREMIOS ILEGALES", expediente Nº 26190/2015-1 que se tramitó ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, planteando la detención arbitraria, los apremios ilegales y la tortura seguida de muerte.
La causa se elevó a juicio en junio de 2017 y el fiscal Daniel Turraca acusó a los policías Lucas Santana, Lucas Aquino, Darío Bernal, Manuel Arévalo, Martín Benítez y Juan Domingo Penayo por los delitos de “Detención Ilegal en concurso real con apremios Ilegales agravados” previstos en el Código Penal, pero el CPTCh se opone y plantea “Detención Ilegal en concurso real con tortura seguida de muerte” y el juez no hace lugar al planteo alegando insuficiencia de argumentos.
Finalmente, la causa quedó caratulada como “Apremios Ilegales agravados” recayendo en la Cámara 3ª del Crimen a la espera de fecha de inicio de juicio.
