La causa denominada Pacce Alvarado, por denuncias de abuso sexual en la infancia en dos casos, tuvo este viernes 6 una instancia de capital importancia con la realización de una audiencia para tratar el pedido interpuesto por la defensa de oposición a la elevación a juicio oral del proceso. Ocurrió durante la mañana de ayer, en la sede del Juzgado de Garantías N° 2 en 9 de Julio 236, donde por espacio de más de dos horas las partes y el tribunal debatieron en torno la citada cuestión, al término de lo cual la jueza subrogante Dra Rosalía Zozzoli rechazó la solicitud de modo total y absoluto, y ordenó la elevación a etapa oral del proceso.
Noemí Alvarado está imputada por el delito de abuso deshonesto en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora. “Se llegó a esta instancia luego de mucho esfuerzo por parte de Rosalía y Belén, y de un intenso trabajo tanto por la querella como por la Fiscalía y esperamos continuar por este camino para lograr que haga justicia”, sostuvo el abogado Paulo Pereyra, representante de las sobrevivientes en declaraciones a elDIARIO de La Región.
En ese sentido, cobró capital importancia el testimonio de Rosalía Alvarado ante tribunal y partes y la pretensión de habilitar una instancia de juicio oral en la cual poder presentar su versión de los hechos y que la Justicia actue.Según comentó Rosalía Alvarado a este matutino “Los retrasos en la convocatoria a juicio juegan en favor de los acusados, no pedimos otra cosa que un juicio conforme a derecho. La defensa especula con extender los plazos y de ese modo lograr la impunidad por la vía del paso del tiempo. Pacce falleció sin ser ni siquiera intimado. Algo parecido ocurre con Noemí Alvarado”
“YO SÍ TE CREO”
Durante toda la mañana en la vereda del Juzgado se congregó un grupo de adherentes, amistades, referentes de género, y sobrevivientes de otros casos similares, para manifestar su apoyo y sostén al reclamo de las denunciantes. “Después de tantas dilaciones nos enfrentamos a una instancia decisiva, ya que han interpuesto un recurso de oposición para evitar la elevación a juicio. Por ese motivo, necesitamos estar todes, para exigir justicia. No al abuso, No a la impunidad, para que más se animen a denunciar, justicia para niños niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en la infancia. Justicia por Belén y Rosalía” fue la premisa de la convocatoria organizada al efecto.
En la presente causa la defensa la lleva adelante la ex jueza Lidia Lezcano de Urturi, la querella es ejercida por el ya nombrado Pereyra, con el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera en representación del Ministerio Público.
Con este rechazo al recurso de oposición, ya sólo resta que la autoridad judicial fije la fecha de inicio de los debates orales, se descuenta que para el año 2020, cuando se cumplirán cuatro años desde la presentación de la denuncia el 15 de junio de 2016. Cabe remarcar que este caso es el más antiguo en términos de longevidad de los hechos que se denuncian, de fines de los setenta a mediados del ochenta, y asimismo uno de los primeros en ser denunciados luego de la sanción de la ley de respeto a los tiempos de las víctimas que vino a cancelar la imposibilidad de denunciar luego de transcurrido cierta cantidad de años. Sin embargo, el proceso tuvo que afrontar una seguidilla de obstáculos y medidas dilatorias orientadas a mantenerlo en una situación de estancamiento permanente. Este retraso judicial resultó en que Daniel Pacce falleciera en junio de 2018 sin haber sido citado a declarar.
En sus respectivas denuncias contra el matrimonio de Daniel Pacce y Noemí Alvarado, Rosalía Alvarado y María Belén Duet relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de los 80, cuando eran niñas. Rosalía era sobrina del matrimonio, María Belén, integraba una familia allegada a los Pacce. Por aquel entonces, Daniel Pacce se desempeñaba activamente en la política, así durante la gobernación de Tenev accedió a un cargo público y posteriormente sería diputado nacional.
Según surge del requerimiento de elevación presentado por el Fiscal Cáceres a mediados de año, Rosalía Alvarado concurría al domicilio donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo “Daniel Victorio Pacce y que esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial para facilitar y/o participar en los abusos perpetrados contra la víctima”. Del mismo modo, María Belén Duet fue víctima de abusos similares durante visitas de su familia al domicilio de los Pacce.
RETRASOS
JUDICIALES
Los años transcurridos desde la denuncia original se corresponden con los varios intentos de obturar la investigación antes siquiera de llegar a juicio; un ensayo de archivo de la causa por supuesta prescripción ( en franca transgresión a la ley N° 27206 de respeto a los tiempos de las víctimas, cuando se trata de delitos tan complejos como el abuso sexual en la infancia), varias medidas dilatorias para retrasar y extender las instancias intermedias e inclusive una recusación (fallida) al fiscal Cáceres, a raíz del empuje que este le diera a la instrucción.
En esa trama de una amplia gama de recursos y una sólida red de contactos se inscribe la asunción de la nueva defensa de Alvarado de Pacce, a cargo de la exjueza Lidia Lezcano de Urturi y del abogado Ricardo Urturi, actual presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía de la provincia del Chaco.
La defensora Lidia Lezcano de Urturi fue la magistrada del primer juicio por violencia de género contra el empresario Raúl Sebastiani, quien fue hallado culpable de privación ilegitima de libertad, las lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género y la tenencia de armas de fuego sin certificar. No obstante, Urturi condenó a Sebastiani a tan sólo 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo, con el subsiguiente repudio de la familia de la víctima, organizaciones sociales y buena parte de la opinión pública. Todo esto ameritó la realización de un segundo juicio, en el cual finalmente un nuevo tribunal integrado por los magistrados Víctor del Río, Ernesto Azcona y Gloria Zalazar sentenció al acusado a cinco años de prisión.
ASI NO PRESCRIBE
Cabe remarcar que siendo el Abuso Sexual contra la Infancia (ASI) un delito de instancia pública y por el cual el Estado debe accionar de oficio, desde las organizaciones que nuclean a víctimas y sobrevivientes, así como referentes del tema alertan sobre la tasa de subregistro por un lado (es decir, la mayoría de los ataques no son denunciados), y por otro, los retrasos y e inacción por parte del Poder Judicial. Se calcula que en nuestro país se esclarecen entre el 1% y el 2% de los delitos que se denuncian, no de los que se comenten.
