Mariano Fusero, director del área de Políticas de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal participó este viernes de la jornada sobre cannabis medicinal que se desarrolló en el Salón Auditorio Legislativo, en el marco de la charla sobre Aspectos Médicos, Éticos y Jurídicos organizado por la APP en Resistencia. Además del profesional en la cuestión jurídica, encabezaron la charla el Dr. Carlos Magdalena, neurólogo infantil del hospital Gutiérrez (Buenos Aires), especialista sobre el uso de cannabis medicinal, y la diputada nacional chaqueña Lucila Masin.
En declaraciones para el programa radial Tenemos que hablar que se emite por la Radio del Municipio capitalino, Fusero se refirió a la Ley que despenaliza el uso medicinal de cannabis, sancionada en abril por el Congreso de la Nación, y a los alcances aún “limitados” con el que se aprobó la normativa que aún espera por la reglamentación del Ejecutivo Nacional.
Explicó que la ley “propone un Programa de investigación en manos del Estado Nacional” al cual deben inscribirse aquellas personas que requieran del uso medicinal de la sustancia y, a partir de allí, se desarrollará una investigación y observará “la utilidad médico- científica de cannabis para diversas patologías, porque todavía no están claras”.
Respecto de los alcances “limitados” de la normativa, Fusero señaló que “quedan baches pendientes por motivo de la reglamentación y otras cuestiones son baches propios de la ley. Y las personas que están anotadas en el programa eventualmente podrían acceder a la sustancia, ya sea mediante la importación que realice el Estado de algunos productos que la verdad son muy limitados a nivel mundial y no sirven para todas las patologías para las que puede ser útil la planta de cannabis” o bien, otra de las formas de acceso debería ser a través del Estado como proveedor de las personas, mediante “la elaboración pública de medicamentos”. Para concretarse esta segunda opción, el Estado nacional debería “abrir una posibilidad a todos los laboratorios públicos a nivel nacional que estén nucleados en la Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), que podrían eventualmente elaborar esta sustancia para una cuestión de utilización de sus poblaciones”.
En relación a esto es que Fusero y la APP refiere a una ley “limitada” que debiera atender “cuestiones pendientes como podrían ser el autocultivo, absolutamente necesario para las personas que hacen uso de cannabis con fines medicinales y que se dejó de lado nuevamente por una cuestión política del Poder Ejecutivo Nacional que no quiso que se avance mediante esta técnica que se utiliza para acceder a la sustancia en estado natural, a la planta”.
En paralelo a este planteo que se impulsa desde la Asociación, se apela fuertemente a que “las propias legislaturas provinciales avancen sobre esta figura”. “Nosotros consideramos que es un tema de salud, es un tema local también y podrían avanzar en legislación más completa todavía que la Ley nacional”, añadió.
DEBATES
DISOCIADOS
Desde otra perspectiva y consultado por esta cuestión, Mariano Fusero negó que la sanción de la ley para el uso de cannabis medicinal pueda llevar a la despenalización del consumo cannábico con fines recreativos. “Si esto abre la puerta para una legislación de canabbis para otros fines, yo considero que no, que son debates absolutamente disociados . Lo que sí, más allá de lo limitada que es la ley y lo que es un fracaso ciertamente en lo jurídico porque no respeta ni reconoce mucho los derechos de los usuarios, es un logro político”, aseguró. Y llamó a reflexionar sobre que “uno puede visibilizar que una sustancia que estuvo demonizada durante tanto tiempo, llevamos casi 100 años de prohibición, es un logro político que eventualmente podría servir para otras batallas futuras de reconocimiento de derechos humanos de los consumidores. Pero no me parece que sea un camino tan lineal. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, se reguló el uso medicinal de cannabis allá por el año 1996 y recién el año pasado se reguló con fines recreativos. No es algo ni tan inmediato, ni tan lineal”.
Por otro lado, planteó esta idea frente al contexto político actual y consideró que “si especulamos con regular la cannabis con fines recreativos, estamos siendo demasiados ingenuos. No hay me parece posibilidad alguna. Estamos hablando de procesos parecidos al que tiene Uruguay, no hay ninguna posibilidad me parece en este contexto”.
E hizo lo propio frente a la aceptación a nivel poblacional, en cuanto a la despenalización para el consumo recreativo. “Creo que la cuestión de la cannabis medicinal generó tal empatia, por esas madres y esos pacientes (la cannabis sólo trata enfermedades graves), que fue casi imposible no abordar alguna regulación. No creo que ocurra lo mismo con algo que sigue siendo un gran tabú dentro de esta cultura prohibicionista respecto de los consumidores de cannabis. No existe ese nivel de empatia”. “Son debates disociados. En uno hablamos de que el Estado debe reconocer el derecho a la salud y a la vida, y al mejor bienestar posible que tengan las personas. El otro debate está más circunscripto al respeto de los derechos humanos de las personas y a qué hacer con su cuerpo, su autodeterminación, su libertad, su privacidad; lo que le parezca, siempre y cuando no vulnere o no perjudique a un tercero que es el límite constitucional establecido en nuestra Carta Magna. Tienen compuestos argumentales totalmente distintos”, ratificó.
Y se explayó sobre este análisis: “Tenemos muchos antecedente a nivel jurisprudencial, pero no sé si está tan arraigado a nivel cultural en la población. Hay una confusión terminológica. No es lo mismo despenalizar al consumidor que regular una sustancia. Por más que nosotros estemos de acuerdo con los dos, cuando se da el debate se suelen confundir. Se suele decir también “despenalizar la marihuana” y eso es un error, a la marihuana se la regula, se la legaliza, pero lo que se despenaliza son determinadas conductas de los consumidores. Un margen de la población quizás esté de acuerdo. Pero como toda población latinoamericana, está muy atravesada por conceptos morales, religiosos, inculcados por una cultura prohibicionistas que data de hace 100 años y que me parece que es bastante difícil de revertir y llevará un tiempo importante y una batalla cultural también importante”.
LA POSTURA
URUGUAYA
Al respecto de los pasos que fue dando Uruguay en relación a la marihuana, Fusero afirmó que “la postura y la política de Uruguay que estableció regular la sustancia de mayor consumo a nivel país, me parece que es realista, sincera, a diferencia de otras posturas hipócritas como nuestra política de drogas o las de a nivel regional”.
Rescató la política pública de constituirse en “el primer país del mundo que regule una sustancia para varios fines: industrial, médico-científico y el uso recreativo adulto”. “Y creo que es mucho más sincera porque la guerra contra las drogas llevada adelante de modo represivo, punitivo, beligerante, militarizando, poniendo más radares; vienen fracasando hace aproximadamente 70 años cuando nuestros países empiezan a hacerse cargo de esta supuesta lucha que en principio fue ajena e impuesta por países centrales donde empiezan a observar el tema de consumo como una conducta disvaliosa para su contexto y claramente relacionado a la postura de control social de determinadas poblaciones”. “La historia de la provisión demuestra que era una estrategia de control social de determinadas poblaciones, prohibiendo determinadas sustancias. La provisión no tiene nada que ver con las sustancias, con su daño su adicción. Uruguay lo que hace es un golpe de mercado al narcotráfico volviendo a legalizar esta sustancia en manos del Estado, monopoliza, controla la sustancia, su calidad, a quién vende, en qué horarios; una regulación integral”.
