El juicio oral denominado causa Mazzoni- Casco, sexto por crímenes de lesa humanidad y primero en contar con imputados civiles implicados en terrorismo de Estado en Chaco culminó ayer su tercer día de audiencias con una jornada que comenzó pasadas las 9 y se extendió hasta las 14. En ese lapso, se avanzó con cinco declaraciones testimoniales de exdetenidos políticos Eugenio “Yango” Domínguez Silva, Hugo Dedieu, Dante Peinó, José Luis Valenzuela y Aníbal Ponti, este último presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, protagonista de un fuerte cruce con el tribunal durante su testimonio.
El debate programado para hoy no tendrá lugar, la causa pasó a cuarto intermedio hasta el 12, oportunidad en la que se espera contar con el testimonio de un testigo convocado desde la defensa. Asimismo, el tribunal informó que atento al desarrollo de la etapa de prueba y los testigos restantes, así como demás cuestiones procesales, en principio se dispuso el 20 de agosto como la fecha de inicio de alegatos. De este modo, se espera que para fines de mes o primeros días de septiembre se pueda contar con una sentencia.
En el juicio figuran imputados el exfuncionario judicial Roberto Mazzoni y el ex guardicárcel de la U7 Pablo Casco, el primero por su colaboración con el dispositivo de secuestros y torturas a militantes en la década del setenta, y Casco, quien ayer brindó su ampliación indagatoria, por torturas y tormentos agravados a dos detenidos.
Integran el tribunal Juan Manuel Iglesias (presidente), Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa.
CASCO I: “DERECHO Y HUMANO”
Antes de las declaraciones de los testigos convocados, el imputado Pablo Casco realizó su ampliación indagatoria ante el Tribunal en la cual negó las acusaciones. Con ese objetivo en mente, Casco, señalado como el responsable de la guardia más dura del citado penal, afirmó que el trato “era humano y correcto”.
El imputado es recordado en la comunidad de exdetenidos por el maltrato permanente y el énfasis puesto en someterlos a un régimen de destrucción física y mental, presente en el penal el 12 diciembre, cuando participó en la entrega de varios detenidos al Ejército para su posterior fusilamiento en la Masacre de Margarita Belén. Casco señaló que nunca aplicó sanciones superiores a los diez días y que las tareas de traslado y recepción de detenidos – oportunidades en las que los presos políticos eran golpeados – eran realizadas por una sección distinta a la suya. En una descripción que nada tiene que ver con lo conocido respecto de los centros de reclusión y cautiverio bajo el terrorismo de Estado Casco llegó afirmar que “la comida de los internos especiales era mejor que la de los internos comunes”.
Terminado su descargo, rehusó contestar preguntas. Permaneció cabizbajo durante los primeros testimonios, mientras los sobrevivientes relataban situaciones diametralmente opuestas a sus dichos. Promediaba la audiencia cuando manifestó sentirse mal y solicitó al tribunal permiso para abandonar la sala y permanecer bajo custodia en otro sitio, el cual fue concedido.
CASCO II: “VAN A SABER LO
QUE ES QUEBRARSE”
La audiencia continúo con la prueba testimonial y el aporte en ese sentido de los cinco exdetenidos por razones políticas; todos con un idéntico itinerario de detenciones a fines de 1975 o principios del 76, sin proceso judicial, o con serias irregularidades, y un paso por la Brigada de Investigaciones para ser sometidos a interrogatorios bajo tortura y traslados a la Alcaidía primero y la U7 después.
El periodista misionero Hugo Dedieu contó que, transcurrido poco tiempo luego del golpe de Estado, las condiciones de detención se agravaron; les retiraron todo el material de lectura, medios de comunicación, radio, algún televisor que había en el pabellón, y se impuso un régimen de encierro durante la mayor parte del día.
“Estábamos entre 22 y 23 horas por día en una celda en condiciones de hacinamiento, con espacio para un camastro pero un promedio de dos personas recluidas, sin condiciones de ir al baño”. Dante Peinó sostuvo que la comida en la U7 era escasa, y se servía de tal modo que siempre había reclusos que se quedaban sin comer, y que llegó a pesar 47 kilos. También resaltó “las condiciones de vida horribles, había casos de hongos, sarna, y órdenes confusas pero que si no las cumplíamos provocaban castigos muy duros”. Además, recordó: “Una noche casi me muero de sed, no nos habían dado agua en todo el día y acostado en mi celda escuchaba como goteaba una canilla. Pero no podía pedir porque nos castigaban”.
En ese contexto cobra protagonismo Casco: “Se ocupaba personalmente de aparecer y amedrentar. Los otros jefes aparecían en muy pocas ocasiones, y cuando lo hacían no eran amables, pero observaban mínimas normas de urbanidad. Casco en cambio estaba permanentemente con actitudes denigratorias como decirnos ‘ahora van a saber lo que es quebrarse’”, afirmó Dedieu. Peinó coincidió y remarcó: “El día de Margarita Belén era su franco, era un domingo, pero Casco apareció. Yo estaba en el pabellón 2, de ahí lo sacaron a Luis Barco y a otros. Casco estaba del otro lado de la reja. ‘Salgan o si no, entra el Ejército’, nos amenazó. Barco me abrazó y me dijo ‘soy boleta compañero’. No, es un traslado, le dije. Me volvió a abrazar y así se fue”.
Ambos testigos precisaron que a fines del 76, pero antes del fusilamiento clandestino del 13 de diciembre, vieron como Miguel Ángel Sánchez fue sacado del uno de los pabellones y subido esposado con los ojos vendados a un vehículo. Tiempo después, su cuerpo fue entregado a su familia, en Posadas, a cajón cerrado. “Hicimos una presentación al Juzgado Federal reclamando por seguridad. A la guardia siguiente, tengo muy clara la memoria cuando el oficial se paró en la puerta del pabellón y gritó ‘Me cago en la presentación de ustedes’ y rompió el papel”.
Valenzuela y Silva aportaron datos referentes a la complicidad judicial del equipo de la Justicia Federal de entonces con el dispositivo del terrorismo de Estado. “A mí me interrogó directamente el Poder Judicial. Hubo un compromiso siniestro entre las fuerzas de seguridad y el Juzgado Federal”, indicó Valenzuela.
Silva tenía 17 años al momento de su detención, pero de igual modo fue condenado. “El Juzgado sabía que era menor, pero el fiscal pidió 14 años, el juez me dio siete. No teníamos defensor. La Cámara Federal me absolvió. En la resolución, dijeron que al juez se le pasó el pequeño detalle de que yo era menor porque el expediente era muy voluminoso”. Manifestó haber sufrido tormentos y que durante los tres años que pasó en cautiverio, en ocasión de la visita de la Cruz Roja Internacional a la Alcaidía, fue retirado de allí y confinado a la Brigada de Investigaciones.
