Entre el recorte de políticas sociales que aplica el Ejecutivo nacional, una de las mayor impacto fue el recorte de medicamentos a afiliados a PAMI, razón por la cual el defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, interpuso una acción de amparo y una medida cautelar.
Corregido afirma que esta decisión implica un perjuicio de los afiliados, sin considerar la condición particular de cada uno de ellos. Además, incurre en un acto contrario a la Constitución Nacional y a tratados internacionales con rango constitucional.
El mes pasado, el defensor había enviado un petitorio al director ejecutivo de la obra social, Carlos Regazzoni, pidiendo que modifique o deje sin efecto la medida. En consecuencia, recibió una explicación que le resultó “irracional e incoherente, porque la disposición lejos está de apuntar a la equidad y sustentabilidad del sistema, menos aun de ser una conducta solidaria. Esta decisión afecta el núcleo indispensable del derecho a la salud porque impone mayores requisitos para acceder a la cobertura integral y muchos de ellos son injustos y arbitrarios”, remarcó.
Cabe recordar que la disposición establece como requisito indispensable para acceder a la cobertura de medicamentos al 100 por ciento no tener ingreso menor o igual a 1,5 haberes provisionales mínimos y no ser propietario de más de un inmueble o poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.
IMPACTA EN LA CALIDAD DE VIDA
Además de pedir la inaplicabilidad de la medida, Corregido solicita a la Justicia que le ordene al PAMI que garantice la cobertura integral de los medicamentos tal como lo venía haciendo con anterioridad y que el organismo se abstenga de aplicar o disponer medidas regresivas para sus afiliados.
“La disposición sancionada pone en riesgo la vida y la salud de cientos de jubilados, que no podrán acceder a los medicamentos necesario para tratar enfermedades o patologías por falta de dinero para costear el porcentaje no cubierto por la obra social”, remarcó.
“No se debe soslayar que está en juego la salud de las personas, por la sola imposición de un requisito antojadizo, sin ningún sentido y que no tiene relación con el supuesto fin pretendido por el organismo”, contó el defensor.
A esto, agregó que los requisitos discriminan a la persona que pudo obtener más de dos inmuebles (aunque sean de muy escaso valor y de muy pocas dimensiones) o un auto de determinada calidad acorde a la condiciones que su familia requiera. “Esto no implica ser económica sustentable para obtener medicamentos. La medida restrictiva fue impuesta en forma unilateral”, especificó.
Por otro lado, mientras se resuelve la acción de amparo, el defensor pide que mediante una medida cautelar se suspendan los alcances de la disposición debido a que su continuidad puede causar perjuicios irreparables a cientos de afiliados. En ese sentido, aclara que la imposibilidad de obtener la cobertura del cien por ciento de los medicamentos puede provocar impactos negativos en la salud de los jubilados, pudiendo llevar a la muerte.
Finalmente, Corregido aclaró que con estas presentaciones ante la Justicia, se busca el reconocimiento del derecho de los afiliados a una decisión no regresiva en materia de salud, que sea razonable y fundada y que garantice el derecho a la salud y a la vida.
