La movilización del 27 de diciembre, en la que participaron la CGT, ambas CTA, y diversos movimientos sociales, tuvo como objetivo expresar el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno. El Ministerio de Seguridad también multó a la CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial con hasta $56.760.282,58 por la protesta del 22 de diciembre.
En la carta-documento, Siracusa expresó: «Se determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que intimó al sindicato camionero al pago solidario de $40.419.227,56 en el plazo de 10 días hábiles».
El funcionario destacó que el «pago solidario» debe cubrir los «costos operativos» utilizados para poner fin a los actos ilegítimos y mantener el orden público. Advirtió que, en caso de incumplimiento, se tomarán acciones legales pertinentes.
Distintas organizaciones, incluyendo UTEP, CTA, ATE, entre otras, también recibieron intimaciones para abonar multas de $56.760.282,58 en relación con la protesta del 22 de diciembre. Estas acciones del Ministerio de Seguridad han generado fuertes críticas y denuncias por parte de los sindicatos y movimientos afectados, quienes las consideran una persecución y abuso de poder.
La CTA Autónoma repudió la medida y anunció su intención de presentar denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alegando que el protocolo utilizado por el Ministerio de Seguridad viola derechos constitucionales. En tanto, líderes sindicales y políticos opositores calificaron las acciones como un intento del Gobierno de reprimir y desincentivar el derecho de protesta y manifestación de los trabajadores.
Este hecho se suma a las sanciones previamente establecidas por el Gobierno, que estipularon multas de $60 millones para 14 organizaciones sociales por el operativo de seguridad implementado durante la movilización del 20 de diciembre. La situación ha generado tensiones y críticas tanto en el ámbito político como en el sindicalismo argentino.
