El fiscal federal Patricio Sabadini se encuentra en la última etapa de elaboración del pedido de investigación formal que girará a la jueza Zunilda Niremperger por supuestas irregularidades en el IPDUV, en un período que abarca la gestión del actual gobernador, Domingo Peppo. En el entorno gubernamental, dan por descontado que el nombre del primer mandatario figurará en el expediente y llaman a cerrar filas en su defensa.
La lupa judicial puesta en funcionarios, empresarios y dirigentes y que en su corto tiempo incluso llegó hasta la detención de encumbradas ahora exautoridades y que espera el guiño de la Cámara alta para hacer lo mismo con la diputada Aída Ayala, tendrá otra semana intensa porque se espera que se formalice el pedido de investigación a una denuncia sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos de viviendas.
“Tenemos dos o tres personas identificadas que estaban dedicadas al lavado y enjuague”, supo ironizar hace días el fiscal federal Patricio Sabadini respecto de lo que entiende que están comprometidos algunos de los investigados.
La denuncia toma notoriedad a partir de que el dato concreto es que la pesquisa en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas (IPDUV) abarcará unos cinco años entre ellos el período que lo tuvo como presidente al actual gobernador, Domingo Peppo.
Desde el entorno gubernamental, dan por sentado que el nombre del primer mandatario figurará en el expediente, y las expresiones de autoridades gubernamentales en relación con determinado proceder judicial y analizando algunos de los cuestionamientos adelantados por el representante del ministerio público así lo hacen prever.
El mismo Peppo fue quien consideró como “llamativo” el hecho de que la denuncia efectuada por la diputada mandato cumplido Ana María Canata cobrara vigor tras estar un año paralizada y no dudó en darle un tinte político-partidario por la actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para la ocasión. Resulta que el fiscal adjunto Dugaldo Ferreyra, quien corrió vista a la denuncia tras tener el expediente un año y sin solicitar ningún tipo de informe, fue quien estuvo al frente de la Dirección de Registro Civil durante los ocho años que Ángel Rozas gobernó la provincia.
En lo que hace a las supuestas irregularidades, pidió la prudencia del caso. “Dicen que faltan tantos millones, pero ni siquiera saben si los fondos llegaron a la Provincia, muchas veces se firman convenios pero los recursos no aparecen”, señaló.
También por el gobierno provincial, el vocal del IPDUV, Mirko Nicolich, se refirió a la paralización en la construcción de viviendas a partir del supuesto desvío de fondos a lo que calificó como “imposible por el mecanismo mismo de desembolsos”.
Así, explicó que desde el organismo provincial se recibía sólo el 30 % del monto del convenio con la Nación, se generaban anticipos a las cooperativas intervinientes, se certificaba el avance real de la obra hasta el porcentaje establecido, y se rendía a la Nación a la espera de que acepte lo rendido y genere un nuevo desembolso.
“El hecho de que un convenio con la Nación estipule un monto determinado no significa que ese monto haya sido totalmente desembolsado a la provincia, sino que contaba con un sistema de anticipos, los cuales una vez rendidos habilitaban la posibilidad de recibir nuevos fondos correspondientes al convenio de que se trate, y así sucesivamente hasta recibir (en el mejor de los casos) el monto total del convenio, con un plazo de ejecución de obra de seis meses el cual en la mayoría de los casos, sea por problemas en el territorio o bien por el incremento de los materiales y mano de obra, se tornaba necesario solicitar adecuaciones que permitan suscribir adendas para cubrir el desfasaje de precios, trámites ante nación que siempre demoraban más que el plazo mismo estipulado para la conclusión de la obra”, manifestó.
