La Fiscalía Federal y el Juzgado Nº 1 intervino por una denuncia de corrupción y robo dentro de la Policía Federal de Sáenz Peña. Interviene en la causa parte de la misma Policía Federal y gran parte de la Dirección de Investigaciones del cuerpo provincial Delitos Complejos y Delincuencia Económica-
El fiscal a cargo, Patricio Sabadini, adelantó a elDIARIO de la Región que pidió la intervención de los domicilios particulares de siete agentes de la Policía Federal. Si bien en el documento no figura, habló no sólo de corrupción, sino de “contrabando y narcotráfico” por parte de las personas de la fuerza denunciadas.
Son seis varones y una mujer, con diferentes rangos en la fuerza: desde un subcomisario y subinspector, hasta inspector, agentes y cabos. Los allanamientos se realizaron en el transcurso de esta semana en diferentes barrios como el Ensanche Norte, Puigbo, Aipo y Ginéz Benítez.
El hecho es una denuncia grave hecha por un comerciante de Resistencia, que relató que el 2 de septiembre fue detenido por dos personas cuando viajaba en su auto junto a su esposa e hijo por la ruta camino a Sáenz Peña, en los kilómetros entre las ciudades de Quitilipi y Machagai. Las personas lo detuvieron al grito de “policía federal” –según indica el informe judicial-, pero no tenían otra identificación y circulaban en un automóvil particular. Los agentes policiales indagaron sobre la mercadería que llevaba –prendas de vestir importadas- y le dijeron al comerciante que, si no les daba dinero, tenían que incautarle las prendas y el automóvil.
Tras esta situación, el vendedor adujo no tener dinero, cayó una camioneta de la policía federal y entre más agentes –quienes están en la causa- tomaron el control de su vehículo y bajo amenaza de arma de fuego, fueron hasta el barrio Las Palmeras del comerciante en Resistencia, pasaron por el domicilio de su suegro de donde se llevaron $400.000 y luego de la casa del hombre, llevaron un televisor led y el celular de este. El hombre logró entrar a sus casas y encerrarse junto a la familia, cuando los agentes decidieron irse.
Entre las pruebas dadas por el mismo comerciante e investigadas por la policía, está la geolocalización del celular en Quitilipi y luego a la delegación de Sáenz Peña de la Policía Federal, también las cámaras de seguridad en el barrio resistenciano y un identikit hecho por el damnificado, inconsistencias en la hoja de ruta policial de esa fecha, entre otras.
La Fiscalía rubrica la denuncia bajo las figuras de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, robo agravado por la calidad de funcionario público, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio”.
Además de los allanamientos en las casas particulares, la Fiscalía pidió la intervención de la delegación policial y la detención de las siete personas implicadas.
