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Sin domiciliaria para Ricardo Reyes, condenado por la Masacre de Margarita Belén

La sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por unanimidad el privilegio de prisión domiciliaria que le fuera concedido al represor Ricardo Reyes por el juez del TOF Juan Manuel Iglesias. Reyes había accedido al arresto domiciliario en el mes de febrero del presente año.

La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto unánime de sus  jueces Guillermo Jacobucci , Carlos Mhaiques y Alejandro Slokar, resolvió este 9 de octubre pasado anular la resolución del Juez de Ejecución del Tribunal Oral de Resistencia Juan Manuel Iglesias que le otorgaba el beneficio de la prisión domiciliaria al excoronel Ricardo Reyes quien se encuentra cumpliendo una condena a prisión perpetua por homicidios calificados y desapariciones forzadas de exdetenidos políticos en la Masacre de Margarita Belén. Reyes había accedido al arresto domiciliario en el mes de febrero del presente año, con fundamento en que las dolencias de salud que padecía no podían ser tratadas de manera acorde estando detenido en la Unidad Penal N° 34 del Servicio Penitenciario Federal.

Ricardo Guillermo Reyes actuó en el fusilamiento clandestino como jefe de seguridad del operativo, iba en el camión Unimog que formó parte del “convoy de la muerte” el 13 de diciembre de 1976.

Cabe remarcar que en los fundamentos de la sentencia condenatoria de la causa Masacre de Margarita Belén, dictada el 16 de mayo de 2011 el Tribunal interviniente afirmó que “lo que se dio en conocer como Masacre de Margarita Belén centra los hechos objeto de investigación en la hipótesis de que el supuesto enfrentamiento no existió y que la muerte de los detenidos trasladados, que se hallaban en total estado de indefensión, estuvo a cargo del personal del Ejército responsable de su custodia” (página 233 del fallo). Más adelante, el fallo pone el acento en lo extraño de un enfrentamiento en el cual todas las bajas se dan de un solo lado: “Es notoria la particular ausencia de heridos entre los miembros del Ejército en contraposición con la muerte o desaparición de los trasladados” (página 346). El Tribunal no encuadró los crímenes en el marco de un genocidio, pero declaró de Lesa Humanidad los asesinatos y las desapariciones, reconociendo que los criminales agraviaron a la humanidad en su conjunto. En ese sentido el fallo señala que “el régimen militar pergeñó un proyecto sociocultural y económico determinado y lo puso en marcha y previó quiénes eran potencialmente los opositores que podrían resistir la acometida. Y su maquinaria se dirigió a doblegarlos”.

 

APELACIÓN FISCAL Y DE LAS QUERELLAS

El privilegio concedido por Iglesias fue apelado por la Fiscalía Federal y las querellas en razón de que los Informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y del Servicio de Asistencia Médica (SAM) de la Unidad, referían a que el interno estaba contenido con los tratamientos médicos que llevaba adelante en el lugar. Los jueces de Casación entendieron por unanimidad y cada con un voto con argumentos propios, que debía revocarse la resolución que otorgaba el beneficio y encomendaron el dictado de una nueva disposición.

En primer lugar el Juez Guillermo J. Yacobucci considero: “Debe concluirse que, la resolución recurrida carece de un fundamento discursivamente sustentable y congruente con los distintos argumentos esgrimidos por la fiscalía respecto a la debida atención que se encontraba recibiendo Reyes en su lugar de detención y en distintos nosocomios extramuros próximos a la mentada unidad penitenciaria. Y asimismo guarda correlación con los informes médicos aportados donde se sugiere continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que ya ha comenzado en el año 2018”.

A su torno el Juez Carlos A. Mahiques manifestó: «El juez al  morigerar el encierro cautelar de Reyes omitió considerar que el nombrado se encontraba recibiendo los tratamientos pertinentes tanto dentro de la Unidad N° 34 del SPF, como en nosocomios próximos a la Unidad. En definitiva, la mera referencia a sus dolencias, sin cotejarlas con las alternativas y respuestas sanitarias proporcionadas por los protocolos y mecanismos disponibles por el Servicio Penitenciario Federal para resguardar su salud, imponen una nueva y más ajustada decisión jurisdiccional”. Finalmente el juez Alejandro W. Slokar refirió: “Los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional tardía, pero concluyente”.

También destacó Slokar: “Son también obligaciones asumidas por el estado Argentino las de efectivizar la investigación, persecución y punición de todo aquel que resulte responsable por los hechos como los juzgados en las presentes actuaciones, caracterizados como crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana exige a los Estados miembros de la Convención Americana en cualquier elemento que afecte la efectividad de la pena “debe responder a un objetivo claramente verificable y debe ser compatible con la Convención” de modo que en el régimen de ejecución “el otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos”.

 

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