El lunes, alrededor de las 16 en Sarmiento 1150 (Fontana), en un predio de 50 metros de largo y 70 metros de fondo al que habían ingresado unas 70 personas con intenciones de afincarse, personal de la Justicia y de la Policía intervino para el desalojo. Ese mismo día, cerca de las 22.30, ocurrió un hecho similar en un predio ubicado en calle Pampa Norte sin número en Resistencia.
Ambos hechos tienen directa relación con la sanción el miércoles de la ley por medio de la cual se deroga el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley Nº 2024-K (antes N° 7030) -emergencia habitacional, por la cual se deja sin efecto la parte que establecía que “en todos los casos que exista un proyecto de ley de expropiación con trámite parlamentario, deberán suspenderse los procedimientos judiciales que puedan existir por la propiedad en lo referido a la posesión, uso u ocupación del inmueble mientras dure la vigencia de la emergencia habitacional”. La modificación fue respaldada con 22 votos de distintas bancadas, mientras que los legisladores del Partido Obrero, Frente Grande y Concertación Forja votaron el pase a comisiones.
En ese sentido, el procurador Adjunto, Miguel Fonteina, ratificó la decisión del Ministerio Público Fiscal de avanzar en la medida. Así lo manifestó en declaraciones publicadas por Chacodiapordia: “Al modificarse ese artículo, que en una palabra era como un cepo que tenían los fiscales para avanzar en todo el proceso, impidiendo los desalojos, ahora se imputan como antes. Vamos a actuar. De eso no hay ninguna duda. El orden jurídico debe volver a restablecerse”, afirmó. Cabe remarcar que según las últimas estimaciones al respecto, el déficit habitacional de Chaco supera las 57.000 viviendas.
